El Instituto Nacional Electoral (INE) pecó de ingenuo, complaciente o cómplice de las trampas electorales con su más reciente resolución acerca del desvío de recursos durante campañas políticas.

Durante la sesión de este miércoles 27 de agosto, el Consejo General del INE determinó que sea el Congreso del Estado de Veracruz el que determine la sanción a imponer ¡al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa!, por haber incurrido en una violación a la Constitución General de la República al acudir a un acto de campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto el 4 de abril de 2012, un día hábil en el que solicitó licencia temporal, y donde pidió el voto para el abanderado del PRI.

El 16 de julio pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que no basta con que los servidores públicos soliciten licencia a su cargo para evadir la prohibición que establece el artículo 134 de la Constitución, que establece que “los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Evidentemente, el que el Gobernador de un estado acuda a un acto de campaña de un candidato en un día hábil de trabajo, influye en la equidad de la competencia entre los partidos políticos aunque pida licencia temporal. Ése fue el criterio del Tribunal electoral, que bajo esta premisa instruyó al INE a imponer una sanción al mandatario veracruzano y a tres de los funcionarios estatales que lo acompañaron aquella ocasión al evento proselitista de Peña Nieto.

Pero ahora el INE sentó un pésimo precedente de lo que puede suceder en los comicios subsecuentes, al desentenderse de la instrucción del Tribunal y dejar la decisión sobre la sanción al gobernador Duarte en manos de los diputados locales, lo que en los hechos significa que no pasará nada y que a pesar de haber violado la Constitución, se exonerará al mandatario.

Porque nadie en su sano juicio puede pensar que los diputados de la LXIII Legislatura del Estado de Veracruz, de mayoría priista, se atreverán siquiera a moverle un pelo a quien es su jefe político, pues ello significaría, simple y llanamente, el fin de su carrera. Y aunque la oposición estuviera dispuesta a juzgar a Javier Duarte, no tiene los votos suficientes en el Congreso ni para hacerle cosquillas.

El fondo del problema no es si se sanciona específicamente a Javier Duarte de Ochoa, sino que cualquier otra autoridad, llámese Gobernador, presidente municipal o burócrata de medio pelo de este país sabrá que puede hacer trampas electorales impunemente, pues la máxima autoridad en la materia, el INE, con la mano en la cintura, desacata una orden del Tribunal electoral  –que se supone son definitivas e inatacables–, pues considera que las decisiones de los magistrados sobre el artículo 134 “no son uniformes” y sí “contradictorias”, y con esa base, le deja a los congresos estatales, que en su gran mayoría son controlados por los titulares del Ejecutivo respectivos, la potestad de aplicarles sanciones a los gobernadores que desvíen recursos en campaña, lo que equivale a emitirles una patente de impunidad.

Los intereses partidistas inmersos en la conformación del actual Consejo General del INE comienzan a mostrarse abiertamente. La ciudadanización del órgano electoral es cosa del pasado, un mito que perdió toda su genialidad y es una pálida sombra de lo que llegó a ser. Estamos a merced de la partidocracia.

Así las cosas, ¿ya para qué hacen elecciones entonces?

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