En inusual conferencia de prensa mañanera, el procurador de Justicia del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, salió a informar sobre los “avances” en las investigaciones sobre el asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz y, de refilón, el de Regina Martínez.

Con bombo y platillo, el Fiscal estatal presentó como novedoso lo que no lo es, y hasta pretende hacer creer que de verdad se investigan causas de estos homicidios diferentes a las que se ha aferrado esa dependencia desde que se cometieron los agravios mortales.

Por principio de cuentas, Bravo Contreras declaró que, en el caso de Gregorio, “los elementos de prueba descritos confirman que la imputación inicial contra los autores materiales y la intelectual del secuestro agravado del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz ha sido la correcta. Es una posibilidad que sea en ejercicio de su actividad periodística, inicialmente la que de origen es”.

Sólo que eso no es verdad. Tanto en el caso de Gregorio como en el de Regina las “hipótesis” más “contundentes” para la Procuraduría han sido, invariablemente, las rencillas personales y el robo. Jamás consideraron, al menos durante la gestión del anterior procurador Amadeo Flores Espinosa, la actividad periodística como causa de ambos asesinatos. Esto quedó consignado en las publicaciones periodísticas del momento.

Haciéndose bolas, el procurador Bravo Contreras añadió, siguiendo con el caso de Gregorio Jiménez, que “la hipótesis que sostuvo la Procuraduría previa a mi llegada es de suma contundencia. La misma familia señala las diferencias que había con la dueña del bar para con Gregorio, pero es una sola. A la postre también se consigna en el elenco de pruebas la posibilidad de que haya sido por la publicitación que hizo Goyo en sus trabajos periodísticos, de crímenes que cometieron estas personas. Les dio énfasis y es una posibilidad que pueda yo en el momento que me corresponda precisar la acusación, enfocarme sobre esa vertiente. Pero cabe la posibilidad de que sean coexistentes ambas hipótesis”.

O como quien dice, si no es una, es la otra o la suma de las dos. Un galimatías, pues, que revela que en realidad no había nada nuevo que informar. Pero para el gobierno estatal ya se trata de un asunto esclarecido y prácticamente cerrado. Faltaba más.

Por lo que toca a Regina Martínez, el Procurador aseguró que el caso “no está muerto” pues sigue vigente una orden de aprehensión contra el segundo indiciado,

José Adrián Hernández Domínguez, alias “El Jarocho” –de cuyo paradero nada se supo desde que se le involucró en el asesinato, y de quien se ha presupuesto que ya estaría occiso–, mientras que Jorge Antonio Hernández Silva –el acusado que estuvo detenido por su presunta autoría material y que fue dejado en libertad por violaciones al procedimiento–, no ha sido exonerado y esperan una resolución de un tribunal federal para reaprehenderlo.

Esto también significa que para el gobierno de Javier Duarte, el móvil de la actividad periodística en el crimen de la corresponsal de Proceso tampoco existe, pues se aferra en señalar a los mismos personajes como los asesinos, a quienes atribuye el robo como motivación para silenciar a Regina.

Pero eso sí. Ufano, Luis Ángel Bravo Contreras cerró su intervención ante los medios con una frase triunfalista, como de película chafa: “que suene fuerte, en Veracruz la Procuraduría hace cumplir el Estado de Derecho. No permitiremos espacios para la impunidad”.

No hay que ser brujo para darse cuenta del por qué de este show: la semana que entra se “celebra” el “Día de la Libertad de Expresión” mexicano, fecha en la que desde el sexenio de Miguel Alemán Valdez los dueños y editores de medios de comunicación le rinden pleitesía al gobernante en turno y le “agradecen” la “graciosa concesión” de la libertad de informar.

Y como el gobierno estatal ya no tiene dinero para derrochar en regalos para los comunicadores, ahora les regala “protección” a su libertad de expresión. Aunque sea de dientes para afuera.

De pena ajena.

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