El Congreso de Veracruz ratificó por amplia mayoría a Luis Ángel Bravo Contreras como procurador general de Justicia del Estado, tras la salida de Amadeo Flores Espinosa de la fiscalía luego del asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz.

Para los diputados no fue impedimento alguno que Bravo Contreras saltara del IVAI -el órgano autónomo encargado de garantizar el acceso a la información y vigilar la transparencia en el manejo de los recursos financieros estatales- a una dependencia del Ejecutivo como la Procuraduría, precisamente donde más reticencias hay para dar a conocer sus manejos presupuestales y operativos.

Pero más allá de la sospechosa y acelerada unanimidad de los legisladores locales para ratificar el nombramiento, y de la incongruencia política del mismo, lo importante es lo que Bravo Contreras se va a encontrar ahí: un nido de corrupción, burocratismo e intereses aviesos que, por razones obvias, hacen de la procuración e impartición de justicia en la entidad un verdadero infierno.

Sólo hay que acudir a una agencia del Ministerio Público para constatar lo anterior. Los agentes están mal preparados, acostumbrados a que un caso avance sólo si hay dinero de por medio, sin interés alguno por el servicio público.

Más de uno en Veracruz hemos padecido en carne propia estos vicios que lo único que logran es que la gente se vuelva apática y prefiera resignarse ante un robo o una agresión, cuando no hacer justicia por mano propia, que ir a denunciar, pues lo consideran una pérdida de tiempo y dinero.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2013 del INEGI, apenas el 12.2 por ciento de los delitos del fuero común son denunciados en México, y del total, sólo 7.9 por ciento inician averiguación previa; 61.9 por ciento de las víctimas de un delito manifiestan desconfianza en la autoridad.

El resultado claro de lo anterior es una impunidad galopante y en consecuencia, mayor inseguridad. Un silogismo trágico perfecto que lacera el tejido social de tal forma, que éste termina por pudrirse, mientras las autoridades se dan vuelo diciendo que en Veracruz, el que la hace la paga.

Además, el nuevo fiscal del estado tendrá en sus manos varias papas calientes, casos pendientes de resolver como el propio homicidio de Gregorio Jiménez, para lo cual ya se pidió su comparecencia ante la Comisión Especial para Atender Agresiones contra Periodistas del Senado de la República, para que explique los avances en las investigaciones de éste y otros asesinatos de comunicadores en la entidad.

A ello habrá de sumar los miles de expedientes por otros casos igual o hasta peores, como la violación de jovencitas y el reciente homicidio de una en Perote. Y por supuesto, las desapariciones de menores de edad en prácticamente todo el territorio veracruzano.

No dudamos de los conocimientos y credenciales que como jurista tenga Luis Ángel Bravo Contreras para desempeñar el cargo de procurador general de Justicia del Estado. La pregunta es si podrá con el paquete.

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