Si en Veracruz de verdad quien la hiciera, la pagara, como se expresa en la propaganda oficial, Arturo Bermúdez Zurita y Amadeo Flores Espinosa ya no estarían en sus cargos dentro del gabinete de Javier Duarte.

Su actuación al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, respectivamente, ha sido, por decir lo menos, desastrosa. Y ni siquiera es algo reciente. Las pifias, las omisiones y las agresiones abiertas han marcado ambas gestiones prácticamente desde que iniciaron.

A Flores Espinosa, quien sí contaba con experiencia previa en el terreno de la seguridad pública y la procuración de justicia, lo perseguirá para siempre la impunidad en el asesinato de Regina Martínez, cuyo caso fue llevado a límites vergonzosos cuando, ante la falta de pruebas que lo incriminaran, el único detenido por el homicidio de la comunicadora fue puesto en libertad por el Poder Judicial del Estado.

El tema con Bermúdez Zurita va más allá. Habilitado como secretario de Seguridad Pública tras la renuncia del general Sergio López Esquer –quien huyó del estado luego de sufrir un atentado del crimen organizado, y que muchas explicaciones le debe a los veracruzanos de su actuación desde el sexenio de Fidel Herrera–, desmanteló las policías municipales por su colusión con la delincuencia y se dedicó a la creación de un nuevo cuerpo de seguridad estatal “científico, acreditable y certificado” que, al llegar al cuarto año del gobierno, la única diferencia que ha hecho con lo que había es que tiene permiso para agredir a quien se le pegue la gana, porque si hablamos de sus resultados, éstos son nulos.

El secuestro del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz en Coatzacoalcos es prueba de tal ineficiencia. Tras el plagio del comunicador, se desplegó, como nunca antes en un caso similar, un intenso operativo de búsqueda en toda la zona sur de Veracruz. La policía –más de mil elementos, según el secretario de Gobierno Erick Lagos– “peinó” Coatzacoalcos, Las Choapas y Agua Dulce con lujo de fuerza. Pero a cinco días del “levantón” de Gregorio, nada se sabe de él.

A lo anterior hay que agregar una nueva ola de inseguridad del fueron común que asuela el territorio veracruzano. En las principales ciudades, donde se supone habría mayor vigilancia, los asaltos a casa-habitación y a mano armada a transeúntes y comercios se multiplicaron exponencialmente, mientras el discurso oficial se llena la boca diciendo que en Veracruz se recuperó la tranquilidad y que no hay que “hablar mal del estado”. Como si el estado tuviera la culpa.

La noche del jueves de la semana pasada, al inicio de las pesquisas sobre el secuestro de Gregorio Jiménez, el secretario de Gobierno Erick Lagos, la vocera estatal Gina Domínguez y el procurador Amadeo Flores –inexplicablemente Arturo Bermúdez no se presentó– convocaron a una reunión con reporteros de Coatzacoalcos para ofrecerles “garantías” en el ejercicio de su actividad, en la sala de cabildo del ayuntamiento.

Valientemente, los compañeros comunicadores sureños protestaron por el clima de agresión, intimidación y violencia contra el gremio en la región, y mostraron una pancarta cuyo texto resume su posición y la de la mayoría de los veracruzanos: “Exigimos justicia. Si no pueden, renuncien”.

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