Nadie se sorprendió por enterarse de que en Veracruz se hacen fraudes con la obra pública. Huelga decir que son prácticas recurrentes no de éste, sino de todos los gobiernos. Sólo que sí llamó la atención que esto fuera admitido públicamente por un secretario de despacho de la actual administración estatal.

Durante su comparecencia ante los diputados de la LXIII Legislatura del Estado, el secretario de Infraestructura y Obra Pública del gobierno veracruzano, Gerardo Buganza Salmerón, destapó de manera oficial una cloaca que le ha representado a la entidad un desfalco –al menos– por unos 170 millones de pesos.

De acuerdo con el funcionario, desde su llegada a la nueva supersecretaría –que sustituyó a la de Comunicaciones y fue creada casi ex profeso para él hace poco más de tres meses-, ha presentado 18 denuncias ante la Procuraduría de Justicia del Estado por obras no concluidas y reportadas como terminadas, lo que representaría un daño patrimonial por el monto antes mencionado.

Son 58 las compañías constructoras que han sido denunciadas, pues recibieron anticipos para realizar obras de reconstrucción con recursos del Fondo de Desastres Naturales de los ejercicios presupuestales de 2008 y 2009, y los trabajos fueron abandonados sin terminar, o de plano ni siquiera se comenzaron a hacer. Una felonía en toda la extensión de la palabra.

Además, Buganza afirmó que se han rescindido contratos a compañías constructoras que no cumplían con los mínimos estándares de calidad en los trabajos asignados, por un monto de mil 160 millones de pesos.

Por las cantidades antes expuestas, podría pensarse que se trata de minucias, si se toma en cuenta el volumen de recursos que se maneja en la obra pública. Sin embargo, es un hecho que se sangró de manera descarada las finanzas del estado. Y también es claro que en esto no sólo recae responsabilidad en los constructores que defraudaron a Veracruz. Necesariamente contaron con la complicidad de autoridades de la extinta Secretaría de Comunicaciones del Estado.

Según lo dado a conocer por Buganza, se trata de obras asignadas desde la anterior administración estatal, al menos desde 2010. Desde entonces, estuvieron al frente de esa dependencia tres funcionarios: Guillermo Herrera (actual subsecretario de Turismo), Raúl Zarrabal (hoy diputado local por Boca del Río), y Francisco Valencia (que en este momento es director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz).

Todos ellos –y rascándole un poco, hasta a Marcos Theurel podría tocarle también– le deben una explicación a los veracruzanos por este descarado robo, al que le cabe el adjetivo de infame por tratarse de obras destinadas a remediar las afectaciones a la población que sufrió por los embates de la naturaleza los últimos años.

Gerardo Buganza aseguró a los diputados locales que no será tapadera de nadie. Hasta ahora, ha demostrado ser un funcionario cabal, de los pocos que hay con esa condición en el actual gobierno. Veremos en qué termina este asunto.

Y nuevamente resuenan y cobran sentido esas palabras atribuidas al ex gobernador Fidel Herrera cada que se asomaba la amenaza de una devastación a causa de un fenómeno natural: “cada ciclón trae millones de a montón”.

¿Cuánto más se habrá quedado en el camino?

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