Se le vino el tiempo encima los gobiernos de los estados para adecuar la legislación electoral local con las nuevas disposiciones en la materia producto de la Reforma Electoral aprobada por el Congreso de la Unión.

El plazo fatal para que las legislaturas de los estados modifiquen y armonicen su marco legal con el federal es el próximo 30 de junio. Por ello es que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “respetuosamente” apuró a las entidades para que hagan su tarea, ya que de lo contrario, en los comicios de 2015 se iría a la contienda con normas electorales no coordinadas, y en muchos casos hasta contrapuestas entre sí.

La demora no es casual. Los gobernadores saben que esta reforma les quita atribuciones y les resta poder político. Así que se han  hecho de la vista gorda para llevar hasta el último minuto la adecuación de la legislación electoral, a la cual se oponen, como es el caso palpable de Veracruz.

Uno de los aspectos más polémicos y que mayor resistencia ha provocado en las entidades es lo que respecta a los órganos electorales, que desaparecen para ser sustituidos por organismos públicos locales, cuyos integrantes serán designados y podrán ser removidos del cargo por el recientemente constituido Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de evitar que en estas nuevas instituciones exista injerencia de los grupos políticos de interés de las entidades federativas.

Y es precisamente por eso que los gobernadores están en desacuerdo, pues como sí “metían la mano” en los órganos electorales locales, esta nueva disposición les arrebata el control que por una década han ejercido sobre los mismos y, por ende, les disminuye parte de su poder.

Otro tema que está en boga respecto de la Reforma Política es el de la homologación de las elecciones, pues a juicio de unos, principalmente del PAN, es menester que se transite hacia una jornada electoral única en todo el país para hacer menos cara la elección de autoridades. Su pretensión es que para 2018 se celebrara el mismo día la elección de Presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernadores, diputados locales y ayuntamientos.

Ello implicaría que en estados como Veracruz hubiera un gobernador para un periodo de dos años, lo cual no está en el horizonte de ninguno de los actores políticos que actualmente luchan por el poder. Incluso, el propio gobernador Javier Duarte descartó que vaya a incluirse esa figura en la iniciativa de armonización de la ley electoral que está por enviar al Congreso del Estado, luego del llamado de Osorio Chong.

Habrá que revisar con lupa esa propuesta del Ejecutivo local, porque ya antes se han querido pasar de vivos a la hora de “bajar” las modificaciones legales federales al ámbito local.

Baste ver lo que ocurrió con la llamada “reforma” educativa, en la que se pretendió pasar “por abajo del agua” disposiciones que contravenían lo aprobado a nivel federal, con tal de congraciarse y “hacerle la chamba” a los sindicatos magisteriales, lo que tuvo como consecuencia una amenaza de controversia constitucional interpuesta por la propia Presidencia de la República, que al final terminó en una contrarreforma en la que los legisladores locales veracruzanos tuvieron, literalmente, que tragarse sus palabras y dar marcha atrás.

Pero ya no hay vuelta de hoja. Algunos gobernadores priistas no han terminado de entender que en Enrique Peña Nieto no sólo tienen a su jefe político, sino que se trata de un presidente centralista y autoritario, que se pasa el federalismo por el arco del triunfo. Así que o se cuadran, o se atienen a las consecuencias.

Y en Veracruz, por falta de claridad de entendimiento o bien por mera soberbia, llevamos sufriéndolas dos años.

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