Xalapa, Veracruz.- El Congreso del Estado podría contravenir estándares internacionales de derechos humanos si aprueba en un segundo periodo de sesiones la reforma al artículo cuarto de la Constitución Política del Estado que garantiza la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.

Autoridades de la Organización de las Naciones Unidas se muestran preocupadas por la aprobación de la iniciativa en un primer periodo de sesiones e hicieron saber a los diputados al Congreso del Estado su plena disponibilidad para brindar asesoramiento y cooperación técnicas para precisar este tema.

Mediante un documento hecho llegar a la representación veracruzana, Jesús Peña Palacios, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Ana Güezmes, representante de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujeres ONU Mujeres y Javier Domínguez, oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, hacen llegar algunas consideraciones en torno de dicha reforma constitucional que pretende criminalizar el aborto en la Entidad.

En el documento se indica que la aprobación de dicha iniciativa contravendría los estándares internacionales de derechos humanos, constituiría una regresión contraria al principio de progresividad consagrado en el artículo primero de la Constitución de la República y podría poner en riesgo el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres.

"Nos permitimos transmitir la preocupación que el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha expresado en sus observaciones finales en el año 2012 sobre México, en el sentido de que le preocupa que las enmiendas introducidas en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción hayan puesto en peligro el disfrute por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivos", dice el documento.

Las autoridades de la ONU indican que la restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ya sea por causas estructurales, legislativas, políticas o de cualquier otra índole, conlleva graves consecuencias como el embarazo adolescente, la mortalidad materna y la discriminación de las mujeres, especialmente las que tienen menos recursos para cuidar su salud.

Por ello, diferentes comités y relatorías de las Naciones Unidas han recomendado al Estado mexicano eliminar los obstáculos que impidan a las mujeres acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva y armonizar la legislación con los tratados internacionales, se lee también en el documento.