Xalapa, Veracruz.-En tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales entre en vigor se seguirá trabajando con la misma tesitura que involucra a los juicios orales y tradicionales, afirmó Alberto Sosa Hernández, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado.

"No es cierto que las investigaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de los juicios orales en los cuatro distritos que ya conocemos se queden en el limbo, tendrán que seguir, el juez a cargo deberá desahogar el procedimiento correspondiente y se deberán agotar todos los expedientes", comentó.

Entrevistado posterior a la sesión pública extraordinaria, reconoció que en el primer año de entrada en vigor de los juicios orales en Xalapa, Córdoba, Coatepec y Jalacingo, sólo se han concluido dos casos en su totalidad.

Refirió que tal situación se debe al cúmulo de casos presentados en el sistema tradicional y al rezago existente por la demora con que se concretan. 

Ante el posible cierre de juzgados menores en que se atienden los casos dentro del sistema tradicional por conclusión de expedientes, descartó el despido del personal, y afirmó que siempre se requieren personas para la impartición de justicia.

"Puede ser cerrado un juzgado pero los trabajadores serán colocados en otros. Los que quieran jubilarse y estén en la edad de hacerlo se puede dar esa oportunidad, pero no podemos despedirlos porque entonces tendremos problemas de tipo laboral. Lo que vamos a hacer es colocarlos en otro sitio", comentó.

Sosa Hernández indicó que la prórroga -para el 2016- de la entrada en vigor de los juicios orales en los 17 distritos judiciales restantes permitirá que los casos se resuelvan conforme a los tiempos definidos.

"Como vimos, es un caos estar trabajando con tres leyes diferentes porque los juicios que están con anterioridad deberán seguir tramitándose conforme al código tradicional, los orales con el código en que fue promulgado el Congreso del Estado y cuando venga el Código Nacional tendremos que aplicarlo para los asuntos que surjan en ese momento", dijo.

Durante la sesión se resolvieron ocho instructivos de responsabilidad en contra de servidores judicialistas, los cuales resultaron infundados y por tanto no fue necesaria la aplicación de sanciones.