Tres directores en cuatro años; señalamientos documentados de corrupción por parte de funcionarios; amagos del crimen organizado sobre trabajadores en casetas de cobro; “tomas” incesantes de estas instalaciones por parte de “activistas”, con pérdidas que han llegado a superar los 3,000 millones de pesos anuales; acorralamiento contra el sindicato; despidos masivos...

            El panorama que domina el desempeño de Caminos y Puentes Federales (Capufe) tiene en convulsión a este ente público estratégico, quizá de seguridad nacional, por ser los ojos acaso involuntarios de lo que ocurre en las carreteras y autopistas del país.

            Capufe se halla hoy bajo la dirección de Elsa Julita Veites, de la que existen muy escasas referencias profesionales, salvo que trabajó en una dependencia federal que atiende a adultos mayores, y que durante la pandemia recibió la encomienda de coordinar las acciones gubernamentales en Morelos.

            La señora Veites fue antecedida en ese puesto por el priísta Benito Neme (2018-2020), y ya en la actual administración, por Enrique Utrilla Martínez (2018-2020). En menos de dos años acumula señalamientos de despedir al menos a 6,000 trabajadores en zonas sensibles del país por actividad de bandas criminales.

Su argumento, según lo expresó en su momento el propio presidente López Obrador -interceptado en carreteras por trabajadores cesados- fue que se combatía la corrupción, pero hay alarma por el perfil de los nuevos contratados.  Veites también acompaña el proceso apoyado desde la Corte para mudar al sindicato de Capufe del Apartado A al B del artículo 123 constitucional, que limita múltiples derechos laborales, lo que ha sido impugnado por entidades internacionales en este campo.

            Capufe tiene su antecedente inicial en el ya lejano 1949 y está sectorizada bajo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cuyo titular es Jorge Arganis Díaz de León, a punto de cumplir dos años en el puesto tras la renuncia de su predecesor, Javier Jiménez Espriú, que impugnó públicamente la designación del presidente López Obrador a la Marina para el control de los puertos.

            Existen dudas serias sobre los alcances del secretario Arganis y la preeminencia misma de la SICT en el gobierno López Obrador, pues todos los proyectos centrales de inafraestructura están en otras manos, como el Tren Maya (Fonatur), el aeropuerto “Felipe Ángeles” (Ejército), el tren transístmico (Ejército) y la refinería “Dos Bocas” (Energía). Pero desde esa secretaría se alentó una cuota inicial importante para la densa nube de opacidad  que domina la recién inaugurada “Dos Bocas”: un multimillonario contrato al “Grupo Huerta Madre”, al que se le atribuye una cercanía con la responsable de la obra, Rocío Nahle, a la cabeza de la Secretaría de Energía.

            Lo que sí entra en la cuenta del secretario Arganis fue el controvertido desempeño, desde inicios del sexenio,  de su exesposa, María Guadalupe Cano Herrera, como directora de Administración y Finanzas de Capufe. Durante su gestión se produjeron observaciones de la Secretaría de la Función Pública, bajo la conducción de Irma Eréndira Sandoval, así como de la Auditoría Superior de la Federación.  Al cierre de 2020, ya en la gestión de Veites, Capufe litigaba en tribunales reclamos de empresas privadas por más de 2,000 millones de pesos.  En estas mismas páginas el columnista Mario Maldonado alertó sobre denuncias por la licitación LA-009JOU001-E29-2020, con la que la señora Cano Herrera habría beneficiado a una compañía específica del ramo.

            Cano Herrera, a la que se ubica también en el círculo cercano a Raquel Buenrostro, titular del SAT, dejó eventualmente Capufe, pero siguió operando asuntos financieros y jurídicos en dependencias del gobierno federal, para aterrizar recientemente como subdirectora de Finanzas y Sistemas en la Lotería Nacional.

[email protected]

ch