Una negociación a múltiples niveles entre el oficialismo y el PRI cursa caminos cada vez más controvertidos. Uno de ellos recorre la política en la ciudad de México, donde se atribuye al secretario de Gobierno, Martín Batres, velar con celo la impunidad que goza desde hace 10 meses Cuauhtémoc Gutiérrez, ex dirigente del Institucional.
Batres forma parte de un engranaje que busca someter al Institucional para la aprobación de reformas a leyes federales dictadas desde Palacio, pero a nivel local induce el mismo sojuzgamiento en favor de la agenda del gobierno de Claudia Sheinbaum. Es probable que ello derive en la extinción final del priísmo capitalino. Pero el costo moral de la maniobra no será menor, en especial si se considera que la señora Sheinbaum es una clara aspirante a la presidencia del país en 2024.
Gutiérrez de la Torre y cuatro de sus cercanos fueron acusados desde hace siete años, en 2014, de manejar una red de prostitución con mujeres jóvenes contratadas en las propias oficinas capitalinas del entonces partido en el gobierno, lo que incluía servicios sexuales para el propio dirigente. En marzo pasado, tras múltiples vericuetos jurídicos, la fiscalía de la ciudad anunció que serían detenidos, lo que no fue posible debido a lo que entonces fue descrito como un operativo policial premeditadamente desastroso.
Desde entonces, poco o nada ha dicho la autoridad sobre este caso. Testimonios allegados a este espacio indican que tanto en la fiscalía capitalina como en los tribunales que llevan este asunto, existe la orden de que el expediente ni siquiera sea desempolvado si no hay una orden expresa de Batres.
Mientras ello ocurre, el PRI de la ciudad ha entrado en un limbo absoluto, tanto en su actividad parlamentaria, en la vida de las alcaldías en donde participa, como en su participación dentro del bloque opositor que golpeó a Morena en las elecciones de este año.
Los cargos contra Gutiérrez -que aprovechó los tiempos de opositor para apropiarse de todos los espacios de tricolor en la metrópoli- consistieron en el delito de trata de personas en modalidad de explotación sexual agravada. Roberto Zamorano, tesorero del PRI; Sandra Vaca Cortés, actual diputada local; Claudia Martínez y Adriana Rodríguez, las tres acusadas de reclutar a las jóvenes para prostituirlas, se hallan igualmente imputadas…. y libres.
El actual dirigente del PRI en la ciudad, Israel Betanzos, y el coordinador parlamentario del mismo en el Congreso local, Tonatiuh González, forman parte del primer círculo de operadores de Gutiérrez. El primero fue denunciado en 2012 de haber ordenado una golpiza en contra de Rosario Guerra, entonces candidata del Panal a la jefatura de Gobierno.
Las evidencias sobre Gutiérrez y su círculo de presuntos explotadores sexuales fueron ofrecidas de manera contundente en aquel 2014 durante el programa de radio de Carmen Aristegui. Si usted soporta el asco, puede encontrar aún en internet los audios en las que estas jóvenes son presionadas a prostituirse.
En aquel marzo cada vez más remoto, tras la fracasada detención de Gutiérrez y sus cómplices, se dijo que habían obtenido un amparo, sin que hasta ahora se conozca la suerte que haya corrido el mismo. Una orden inicial para congelar las cuentas bancarias de los implicados fue combatida en un juzgado local, que en julio pasado rechazó emitir una sentencia favorable a los imputados.
El PRI capitalino agoniza sin duda -y quizá no abundarán quienes lo echen de menos. Pero lo que persistirá es la historia de cómo la conveniencia política incluyó proteger, desde el poder, a un posible proxeneta.
Audios sobre presiones sexuales en favor de Cuauhtémoc Gutiérrez.
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Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue Subdirector Editorial de El Universal y Director Editorial General de El Gráfico y de El Universal. Actualmente, es vicepresidente de la Comisión Contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
