De manera discreta, casi clandestina, el gobierno mexicano operó en las semanas recientes un virtual corredor terrestre para dotar de transporte a miles de haitianos – al menos 15 mil- a fin de hacerlos llegar en oleadas hasta la frontera con Estados Unidos y crear una nueva crisis migratoria de la que nadie quiere hacerse cargo.

            Los secretarios de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y de Gobernación, Adán Augusto López, han tenido a su cargo esta operación que impone contradicciones al rol de México en una historia que es arrastrada desde hace al menos una década y está llena de simulaciones, racismo y discriminación.

            Una parte sustantiva de estos haitianos es integrada por víctimas expulsadas de su país por los terremotos de 2010, que se trasladaron a México por las vías que estuvieron a su alcance, y se asentaron en la frontera sur, en particular en Tapachula, Chiapas, donde hay colonias de haitianos desde al menos 2011.

Muchos ellos fueron enviados a Brasil y Chile mediante acuerdos supervisados por Naciones Unidas, pero luego expulsados para quedar como parias en un limbo legal y humanitario. Toda la región latinoamericana es hoy un escenario con la presencia, cada más visible y dramática, de decenas de miles de haitianos sin rumbo ni destino.  

            A diferencia de lo que ocurre con algunas naciones europeas, que acuerdan de manera formal y pública el asilo a segmentos de grupos migrantes afectados por la violencia, la persecución religiosa o la violencia, nadie considera a los haitianos merecedores de un trato similar.

            Cientos de autobuses fueron utilizados para, al amparo de la noche, llevar a los haitianos que llegaron a México (bajo un operativo similar desde Centroamérica y más allá, como Colombia), hacia la frontera con Estados Unidos. Quedaron frente al río, les permitieron ir y venir a fin de abastecerse de alimentos y medicinas en territorio mexicano, para luego sellar la zona en espera de que las autoridades estadounidenses les otorgaran asilo.

            La misma historia que cargan sobre sus espaldas ha impedido que el objetivo de un asilo sea alcanzado. Ese grupo compacto de antillanos huyó de su país por el hambre, la ausencia de Estado, la corrupción pública y el caos que generaron los sismos… hace 10 años. Por ello, no son elegibles para asilo bajo las condiciones de la ley de la Unión Americana.

            En años recientes México asimiló a grupos de haitianos en diversas regiones, no sólo Chiapas sino incluso en Baja California, en particular Tijuana, donde se han sumado al mercado laboral, contraído matrimonio y están criando nuevas familias. Ese modelo fue desbordado cuando su número creció y se enfrentaron a un rechazo por ser afrodescendientes y por no hablar español. El muro que encaran hoy se ha formado con los tabiques de la discriminación y el racismo.

            Apuntes: Este viernes arranca la gestión de los nuevos 16 alcaldes de la ciudad de México, que estará dividida entre demarcaciones gobernadas por el oficialismo y las encabezadas por partidos de oposición, notablemente Acción Nacional. Con discursos, reuniones sin sustancia y no mucho más, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y su formalmente segundo al mando, Martí Batres, secretario de Gobierno, han logrado aplazar un debate que atraviesa la política local en torno a la urgente necesidad de que los alcaldes sean electos, pero sigan siendo virtuales empleados de la administración estatal. Seguridad, presupuesto, atención directa a reclamos de los ciudadanos exigirán un nuevo diseño jurídico en un momento clave que puede catapultar, pero también hundir las aspiraciones presidenciales de la señora Sheinbaum, lo mismo que los renovados anhelos de Batres para sucederla. ([email protected]).