La semana pasada se consumó la vergonzante asonada del régimen pan-yunista para apoderarse del Poder Legislativo y de esta manera desaparecer -por la “razón” de la fuerza, aunque sin la fuerza de la razón- la pluralidad política mandatada en las urnas por los ciudadanos veracruzanos.

En contra de su propia tradición histórica y política, el PAN avasalló a sus adversarios comprando conciencias y voluntades, e impuso su voluntad –o mejor dicho, la de sus nuevos dueños en Veracruz- de manera ilegítima y muy probablemente de manera ilegal, arrogándose una mayoría legislativa que no le corresponde.

Como pandilleros, los panistas –con la complicidad de esa caricatura llamada PRD- se apropiaron de los órganos de dirección política y administrativa del Congreso local, así como de las principales comisiones legislativas, sin la más mínima ética política y trastocando el equilibrio de fuerzas resultante de la voluntad popular expresada en las elecciones de 2016.

Asimismo, y contra las recomendaciones de un organismo federal e incluso de la propia Organización de las Naciones Unidas, el pan-yunismo gobernante impidió en el Congreso la ampliación de las causales para permitir la interrupción legal del embarazo en el estado, utilizando pretextos pueriles y sin sustento jurídico, poniéndose de rodillas frente a la jerarquía católica más retrógrada e hipócrita, que en Veracruz guardó un infame y cómplice silencio ante la corrupción de los dos anteriores gobiernos, y que sacó las garras para “defender la vida” en el vientre materno y criminalizar a las mujeres, pero que nada hizo –ni hace- para detener o al menos condenar la oleada de violencia y muerte que asuela a los ya nacidos en territorio veracruzano.

Soberbia, la nueva clase gobernante de la entidad -encabezada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y secundada por un neopanismo desfigurado y un vergonzante perredismo (que en algún momento no muy lejano, seguramente también serán desechados)- decidió desoír la voz de los ciudadanos y para afianzarse en el poder, comete los mismos excesos que antes criticó. Seduce, compra, amenaza, golpea y arrebata. Sólo le falta matar. O al menos, eso queremos pensar.

Mientras tanto, Veracruz sigue hundiéndose en una espiral de desastre social e institucional. La violencia es demencial. Más de mil homicidios se registraron entre enero y agosto de 2017. Los secuestros aumentaron un 50 por ciento. No hay región que se salve de la embestida de la delincuencia, de norte a sur, ya sea en área urbana o rural.

Pero las autoridades prefieren regresar al gastado y mentiroso discurso de que los criminales se matan entre ellos y la gente de bien no tiene nada que temer. Como si las balas distinguieran entre buenos y malos. Como si unos no estuvieran al acecho de los otros, ante la incapacidad del gobierno para hacer frente a sus responsabilidades y deberes básicos.

Para el régimen que llegó al poder en Veracruz gracias a sus promesas de un cambio de prácticas y de conducta pública, de retorno del orden y la seguridad, lo que importa es mantenerse ahí. A como dé lugar. Sin importar que para ello deba provocar una crisis legislativa y constitucional. Sin reparar en el inmenso daño que se le sigue haciendo a las instituciones de este estado. Sin que le quite el sueño pisotear la voluntad cívica de los ciudadanos expresada en la pluralidad política.

La alternancia en Veracruz fracasó. Y nadie puede sentirse orgulloso de eso.

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