A como va el proceso jurídico que le sigue la Procuraduría General de la República (PGR) al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, los veracruzanos terminaremos por pedirle disculpas y repararle el daño a su “impecable” imagen de honestidad.

Recién extraditado de Guatemala, al ser trasladado al Reclusorio Norte en medio de un extraordinario operativo de seguridad, el ex mandatario parecía más que reo peligroso, un jefe de estado.

Al llegar pidió de comer, para disponerse a la audiencia donde sólo dejaron ingresar a 30 periodistas sin cámaras ni micrófonos. Al acceder la propia dependencia les entregó libretas y plumas para tomar nota.

Lo anterior se le agradece al nuevo Sistema Penal Acusatorio que estipula que no se le pueden violar los derechos humanos (fotografiar o tomar testimonios por parte de los medios de comunicación) a un presunto culpable de uno o varios delitos antes de una sentencia.

El abogado de Duarte, Marco Antonio del Toro, quien por cierto es también defensor de la maestra Elba Esther Gordillo, dijo que las imputaciones de la PGR a su cliente tienen “flaquezas impresionantes” por lo cual están listos para comprobar su inocencia. 

Del Toro aduce que la institución responsable de impartir justicia pretende -erróneamente- acusar de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero: “en ramos que no corresponden en ello”.

La defensa de Duarte no abundó mucho en la estrategia a seguir mientras habló con los medios de comunicación. Al referirse a las acusaciones como “flaquezas impresionantes”, no decía mentiras y les contaremos los motivos.  

Uno de esos 30 periodistas que tuvieron acceso a la primera audiencia del caso Duarte fue Arturo Rangel, del portal Animal Político, quien la presenció de principio a fin, y que por supuesto sabe, que las connotaciones, declaraciones y acciones pueden decir mucho.

Durante la audiencia se dio cuenta que la denuncia contra el ex Gobernador de Veracruz fue de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por los recursos federales presuntamente desviados, pero se percató de que no había ningún representante de dicha unidad al lado de los miembros del Ministerio Público (MP).

Relata que fue penoso y notorio el desconocimiento de los tres Fiscales que la PGR envió para acusar a Duarte de los delitos que se le imputan del orden federal, y que no se supieran con claridad cómo estaban conformados los expedientes de las investigaciones.

Durante la audiencia se demoraron una hora para localizar datos básicos de periciales que cualquier abogado de oficio debe conocer como la palma de sus manos, sobre todo en el tema de lavado de dinero.

Conforme pasaban las horas, la situación fue empeorando, en el desahogo de pruebas, los Fiscales dieron los datos erróneos, el Juez tuvo que intervenir para decir que sus alegatos se contradecían, misma información que recibió en su momento cuando giró orden de aprehensión.

Los integrantes de la PGR no pudieron explicar dudas que surgieron sobre la investigación financiera realizada por la SHCP, para lo cual personal de la Secretaría debía estar presente en la audiencia.

De todos los cargos que se le imputan a Duarte, los fiscales sólo pudieron explicar 38 mdp que salieron de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) indebidamente, pero no pudieron explicar el presunto desvío de 438 mdp, recursos públicos que nunca se vieron reflejados ni en obras ni en programas de gobierno.

Hablamos que de un 100 por ciento, los “flamantes defensores de los ciudadanos”, los abogados de la PGR, sólo pudieron imputarle un desvío de recursos del 10 por ciento de un total del presunto saqueo multimillonario.

Tan endeble o amañada fue la audiencia, que tampoco pudieron explicar cómo se pagaron o si se pagaron los departamentos del político en Ixtapa, Zihuatanejo, que se le atribuyen a Duarte a través de prestanombres.

Por si fuese poco, tampoco pudieron aclarar cómo fueron adquiridas las joyas con el presunto dinero desviado del erario público y mucho menos su costo, lo mismo pasó con el tema del yate que se presume es de su propiedad.  

“Es la tercera vez que la PGR manda fiscales distintos a audiencias del mismo caso, y es claro que no encuentran datos y no se los saben. Hay incongruencia en datos. No están ni preparados”, expresó textual el Juez, según Animal Político.

“¿En serio, es todo?” Preguntó el Juez del Palacio de Justicia Federal en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García. “Los números no cuadran”, exclamó tras una audiencia inicial que se extendió por más de cinco horas. Para entonces el abogado Del Toro dejaba ver una ligera sonrisa.

Describe Arturo Ángel que si la opinión pública hubiese presenciado la audiencia, sin duda hubiese sido un escándalo nacional debido a las terribles fallas de la PGR.

Lo que nunca dejó de ver el periodista en la audiencia es que “en la mesa de Javier Duarte lo acompañaban cinco abogados, incluido Del Toro, quienes buscaban papeles y hablaban todo el tiempo entre ellos, mientras que en la mesa de la PGR había sólo tres personas rígidas que apenas se movían de sus asientos”.

Y para cerrar bien este circo, Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, suspendió las órdenes de aprehensión contra el ex Gobernador veracruzano promovidas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Recordemos que dichas órdenes de aprehensión fueron giradas por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XI Judicial de Xalapa, en las causas penales 38/2017 y 56/2017, por las cuales también fue extraditado.

Abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición, fueron los delitos por lo cual se libraron esas dos órdenes de aprehensión, de las cuales, aseguró la Juez, ninguno de esos delitos prevé la prisión preventiva de oficio ni en el actual ni el anterior Sistema de Justicia Penal.

Y hasta le salió barata la suspensión momentánea de las órdenes de aprehensión, porque la Juez Robledo Magaña fijó a Duarte el pago de una garantía de 6 mil pesos para que continúe vigente la suspensión provisional y acordó celebrar el próximo 26 de julio la audiencia donde determinará si concede la suspensión definitiva.

Estamos conscientes que en derecho, el principio para litigar no es quién es bueno o malo porque no juzga la Iglesia, para ellos la verdad y lo justo es relativo; para ellos es un caso, es dinero, es prestigio. Su Biblia es la ley y sus recovecos para ganar un caso.

Pero, ¿quién es Sandra Robledo Magaña? La Juez mujer quien le tumbó por el momento las órdenes de aprehensión a Duarte y desafió –con sus facultades- a la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, no es la primera vez que ha estado envuelta con frecuencia en controversias por sus fallos.

Robledo amparó al narcotraficante Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, el pasado julio; en 2008 al líder textilero Fermín Lara Jiménez, acusado de fraude a Bacomext por más de 40 millones de dólares; en 2006 al expresidente guatemalteco, Alfonso Portillo contra una orden de extradición y; en 2005, a Osiel Cárdenas Guillén, capo que lideró el Cártel del Golfo.

No si Duarte tiene defensa de criminal aunque él diga que es un santo.

Nos leemos hasta la próxima.

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