Más que la actitud arrogante que lo caracteriza y que desplegó desde el mismo día de su aprehensión, o su estrategia de posponer su decisión sobre aceptar voluntariamente la extradición, lo más interesante de la comparecencia de Javier Duarte de Ochoa ante la justicia de Guatemala fue conocer los avances de la investigación en su contra, y cómo sus cómplices están “cantando”, como los “pájaros de cuenta” que son.

Durante la primera audiencia del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa en el Quinto Tribunal de Sentencia Penal de Guatemala, le fue leída la carpeta de investigación con los delitos que le imputa la Procuraduría General de la República, con un elemento adicional: las declaraciones de varios de los implicados en el saqueo a Veracruz que ya están detenidos, en las que se menciona a otros miembros de la pandilla.

Por ejemplo, es de destacarse el testimonio del ex secretario de Seguridad Pública, el alguna vez intocable y poderoso Arturo Bermúdez Zurita, quien implicó directamente a su ex amigo Javier y al ex tesorero Tarek Abdalá Saad en operaciones ilícitas.

Bermúdez declaró a la PGR que Duarte de Ochoa le pidió, a través de Tarek Abdalá, que la Secretaría de Seguridad Pública y no la de Finanzas recibiera los recursos que llegaran al estado etiquetados para esa materia, para después entregarlos a la Tesorería y reutilizarlos en otros fines, misma estratagema que ya aplicaban en otras dependencias, como la Sedarpa, la SEV y los Servicios de Salud. Según Bermúdez, se negó a hacerlo.

Otro nombre que salió a relucir es el del ex subsecretario de Finanzas y Administración, Juan Manuel del Castillo. Durante la audiencia se leyó que Javier Duarte ordenó que su amigo de la juventud en Córdoba se encargara de todas las operaciones de facturación con empresas contratistas, lo cual no cumplió a cabalidad, quedando a la deriva 350 millones de pesos pagados por el gobierno hasta diciembre de 2015.

Tanto Tarek Abdalá como Juan Manuel del Castillo son legisladores en este momento. El primero, federal, y el segundo, local, por lo que cuentan con fuero. Abdalá enfrenta un proceso para ser desaforado que está siendo bloqueado por el PRI en la Cámara de Diputados, mientras que sobre Del Castillo no existe hasta ahora proceso penal alguno, aunque sí la sospecha de haber sido quien dio al gobierno estatal la ubicación de una bodega en la ciudad de Córdoba, donde se guardaron los muebles y artículos personales de los Duarte Macías que se encontraban en Casa Veracruz, incluidos los infames diarios de Karime.

Los nombres de los operadores financieros cercanos de Duarte de Ochoa, como Moisés Mansur, José Juan Janeiro, Alfonso Ortega y Rafael Gerardo Rosas Bocardo también fueron implicados en la red de prestanombres para desviar recursos que fueron utilizados, en buena parte, para sostener el tren de vida del ex gobernador y su familia, de acuerdo con los expedientes de la PGR, que ya tendría que haber procedido en su contra también.

Era de esperarse que ante el desastre, quienes junto con Duarte gozaron del desfalco a las arcas estatales ahora repartan culpas, aplicando aquello de “si caigo yo, caen todos”. Porque entre criminales, que es lo que son los duartistas, no hay lealtad que valga ya.

Quizás por ello Javier ya no sonrió esta vez.

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