La llamada “rebelión” de los presidentes municipales veracruzanos que reclaman airadamente el pago de las participaciones y otros fondos federales que ilegalmente el gobierno estatal les retuvo desde agosto y destinó dizque a “educación” y “seguridad”, es tardía y politiquera.

Este artilugio de la administración estatal de Veracruz para desviar recursos no es, en absoluto, algo nuevo. Ha sido una medida recurrente de prácticamente toda la segunda mitad del sexenio. Aproximadamente desde enero de 2014, el gobierno duartista comenzó a disponer de los recursos de los municipios para fines diferentes a los que estaban dispuestos en la ley.

Sólo que hasta ahora, luego de la caída del poder de Javier Duarte de Ochoa y ante el desmantelamiento y debilidad institucional del gobierno estatal, es que los ediles se atrevieron a decir “esta boca es mía”.

Y aplica tanto para los priistas como para los de todas las demás filiaciones políticas. Salvo el caso del de Boca del Río -por obvias razones-, ningún otro presidente municipal se atrevió nunca a exigirle a Javier Duarte que no retuviera y que pagara en tiempo y forma el dinero que la Federación envía en partidas etiquetadas a los ayuntamientos para realizar obra pública y sostener a sus administraciones.

Prácticamente la totalidad de los alcaldes veracruzanos guardaron un ominoso silencio e incluso utilizaron las mismas prácticas –tomar dinero de un lado para saldar los pendientes de otro- para salir del apuro.

Muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras, entre éstos los ediles del Partido de la Revolución Democrática, no dijeron nada porque no tenían cara para hacerlo, ya que le debían el cargo al propio régimen priista, que en el proceso electoral de 2013 -y con la ayuda de varios que ahora se presentan como “redentores” de la democracia en Veracruz- reventó la alianza PAN-PRD que se había acordado en ese entonces y los trató como “leal oposición”, prebendas incluidas, hasta que se acabó el “amor”. Pero sobre todo, el dinero.

Ni qué decir de los priistas, que todavía hasta hace unas semanas firmaban gustosos cartas de “apoyo” a Javier Duarte de Ochoa y hasta se seguían tomando fotografías con él, muy sonrientes. Ahora, ya es muy fácil hacer leña del árbol caído.

No hay nada que justifique el proceder de la administración estatal. La disposición de recursos federales etiquetados para fines distintos a los que se establecieron en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley de Coordinación Fiscal es un delito, que ya fue hasta confesado y que deberá tener, forzosamente, consecuencias legales.

Pero la omisión de los ediles veracruzanos para reclamar abiertamente y en su momento lo que les correspondía a sus municipios no es asunto menor. Por conveniencia política, callaron ante una práctica ilegal y lesiva para la población beneficiaria de esos recursos y la colocaron en situación de riesgo.

La culpa de los alcaldes es tan grande como la de Javier Duarte y sus cómplices en esta crisis. Sólo que ahora resulta muy conveniente hacerse las víctimas.

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