Así como las instancias locales de supuesta protección de derechos humanos y civiles han demostrado ser “elefantes blancos” que no protegen nada pero cuestan mucho, en el ámbito federal no se quedan atrás.

Durante su enésima visita a Veracruz en los últimos meses, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, visitó el área donde organizaciones civiles como el Colectivo Solecito y las Brigada de Búsqueda de Desaparecidos han encontrado decenas de fosas clandestinas, a los ojos de las autoridades estatales, que ni siquiera se dignan a poner un pie por ahí.

El problema es que con su sola presencia en Veracruz, Campa Cifrián no ha solucionado nada. Ni ha hecho nada porque avancen las investigaciones en éste y otros muchos casos que implican a su dependencia, como las desapariciones forzadas de personas –que según el gobierno estatal sólo ascienden a ¡30!- y las agresiones a periodistas.

Para no ir muy lejos, este mismo jueves, Roberto Campa estuvo en Xalapa junto con integrantes del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reunión de la cual se enteraron…solamente ellos, a pesar de haber en la ciudad varios reporteros adheridos a sus programas de supuesta protección y que de no ser por su personal esfuerzo para empujar sus casos, éstos ya se habrían enviado al archivo muerto.

¿De qué ha servido que las personas que han perdido a un familiar, o que han sido víctimas de agresiones de parte del Estado, del crimen organizado o de particulares acudan a las instancias federales? Absolutamente de nada. Sólo como placebos para sentirse un poco menos mal, aunque la indefensión es la misma. Y por supuesto, para perder tiempo, dinero y esfuerzo que podría haberse invertido de otra manera.

Ni qué decir de la actuación de órganos como la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión. Ninguna denuncia presentada ante esa instancia ha avanzado hacia un lugar que no sea el archivo, la congeladora de expedientes. Nadie es llamado a cuentas. Al menos por lo que toca al estado de Veracruz.

Otra instancia que no sirve ni para hacer ruido es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Acostumbra rehuir los casos “espinosos”, como los de la criminalización de periodistas en el estado de Veracruz, y prefiere la comodidad de las recomendaciones “light” que no lo comprometan con el poder.

De la indolencia a la simulación, la actuación de los organismos y funcionarios federales del ramo, con sus particularidades y matices, no se diferencia gran cosa de la de sus homólogos locales. Los resultados son los mismos: desinterés y ausencia de justicia.

Es menester que se revise la manera como éstos y otros órganos creados para la defensa y protección de derechos civiles fundamentales, a nivel federal y estatal, están funcionando. De nada sirve su existencia si para lo único que son útiles es para justificar nóminas, para pagar favores políticos y, lo peor de todo, para simular que se protege a la población.

Si no van a dar para más, mejor que desaparezcan.

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