Tal como lo advirtió a principios de semana el secretario de Finanzas y Planeación Antonio Gómez Pelegrín, es inminente un severo recorte de empleados de la administración estatal, lo que ya es incluso mandato legal.

El 7 de julio pasado, fueron publicados en la Gaceta Oficial del Estado los “Lineamientos generales que establecen las políticas del ejercicio del presupuesto, modernización de la gestión administrativa y austeridad del gasto público para los ejercicios fiscales 2015 y 2016”. Se trata del nuevo decreto con el que el gobierno de Javier Duarte intenta salir del hoyo financiero en el que lo sumieron once años de despilfarro y saqueo del erario.

El “decretazo” incluye, efectivamente, el despido de personal del gobierno, ése que según Gómez Pelegrín “rebasa la capacidad de pago mensual de compromisos del estado”.

En su capítulo tercero, denominado “Medidas para la modernización de la Administración Pública”, en el artículo 5 se establece que “para simplificar sus estructuras organizacionales y establecer procesos eficientes, las dependencias y entidades, sin afectar sus atribuciones legales y metas de gobierno, continuarán con las medidas para eliminar duplicidad de puestos, funciones y procesos innecesarios; eliminar o extinguir órganos administrativos o fideicomisos innecesarios que impliquen costo y no generen acciones de gobierno eficaces; y racionalizar las plantillas de personal, en congruencia con lo anterior”.

Para hacer más precisa la instrucción de adelgazar la nómina, en el capítulo cuarto, “Medidas de austeridad”, el artículo 9 fracción VII considera la separación del servicio público, mediante el cual la Secretaría de Finanzas y Planeación  “implementará un Programa de Retiro Voluntario en razón de la disponibilidad financiera”. Mientras que en la fracción IX se dispone que “las dependencias y entidades, deberán realizar un diagnóstico y estudio de cargas de trabajo, de las plazas destinadas al apoyo de actividades administrativas, a fin de eliminar o transferir a funciones sustantivas y aquellas que no resulten indispensables para la operación”.

Del análisis de estas disposiciones, lo que resulta claro es que en el gobierno estatal priva tal desorden administrativo, que actualmente todavía existe duplicidad de funciones, así como cargos y programas públicos sin ninguna utilidad, pues de no ser así, no habría necesidad de ordenar su supresión.

Lo peor es que éste debe ser como el tercer decreto de austeridad en lo que va del sexenio de Javier Duarte, lo que hace inferir que en las anteriores oportunidades o se hizo caso omiso de las “instrucciones” del titular del Poder Ejecutivo, o se trató de meras simulaciones para hacer como que se ponía “orden” en las finanzas del estado.

Llama mucho la atención que el decreto incluya un apartado dedicado al ejercicio de los fondos federales, en los que se puntualiza que estos recursos “sólo podrán aplicarse al objeto, partidas y metas del programa para el que fueron aprobados, conforme los convenios de colaboración suscritos y las reglas de operación establecidas, en cada caso. Los recursos de los programas financiados con fondos federales, deberán contar con una cuenta bancaria específica”.

Exactamente lo contrario a lo que hizo el gobierno estatal durante los últimos tres o cuatro ejercicios fiscales ya auditados, en los que dispuso de las participaciones federales para objetivos diferentes a los que estaban legalmente destinados, y en los que colocó el dinero en una sola cuenta para borrar el rastro de su origen y uso. La famosa “licuadora”.

¿La austeridad se irá a aplicar también en Casa Veracruz?

Congreso presiona a Duarte para que investigue asesinatos de periodistas

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al Gobierno del Estado de Veracruz para que intensifique las investigaciones que permitan “procesar, juzgar y sancionar a los responsables de los homicidios y las desapariciones de periodistas en la entidad”.

También acordó solicitar al gobierno de Javier Duarte “fortalecer la colaboración con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, a fin de garantizar las condiciones para la libre expresión de las ideas en esa entidad”.

Aunque, para ser sinceros, ya sabemos cuál va a ser la respuesta de este gobierno.

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