El grupo gobernante en Veracruz cada vez es más claridoso en su pretensión de mantener el poder a costa de lo que sea, por medio de lo que sea.

En la sesión ordinaria de la LXIII Legislatura del Estado de este martes, como si se tratase de “porros” y no de representantes de un Poder del Estado, los diputados locales del PRI arremetieron con violencia en contra de sus homólogos del PAN y Movimiento Ciudadano, quienes protestaban en la tribuna del Congreso estatal en contra de la aprobación fast track del nuevo Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Los legisladores de oposición sacaron mantas durante la sesión para manifestar públicamente su inconformidad por lo que consideran una ley electoral hecha a la medida del PRI para mantenerse en el poder en las elecciones del año entrante.

Los priistas respondieron con violencia. Se subieron a la tribuna y a la mesa directiva para arrancar por las fuerza las mantas, a empellones, codazos y puñetazo limpio.

Quizá la actitud más abyecta fue la de las mujeres priistas, quienes en montón sometieron a la secretaria de la mesa directiva, Ana María Ledezma, para arrebatarle la manta en la que acusaba un “atropello legislativo” de parte del Revolucionario Institucional, que no admitió incluir en el Código las principales propuestas de la oposición. ¿Cuál sororidad?

¿Por qué los partidos de oposición rechazan el Código Electoral propuesto por el gobernador Javier Duarte? En primer lugar, porque contrario a su discurso de buscar “armonizar” y “homologar” la legislación local con la federal –pretexto utilizado para justificar la gubernatura de dos años–, la nueva norma aprobada sin consenso en Veracruz –sólo la votaron el PRI y sus peones– establece diferencias notables y hasta contradicciones respecto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El más significativo y en donde está la clave para mantener el control del órgano electoral local es que en el artículo 114 del Código local se establece que el Secretario Ejecutivo “será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado”. La ley federal, en su artículo 44, dispone que el Secretario Ejecutivo del órgano superior, el Instituto Nacional Electoral (INE), sea designado por el Consejo General del mismo.

En Veracruz, el Congreso estatal cuenta con mayoría priista, y ya vimos en esta última sesión de lo que es capaz ese “Bronx” legislativo. Dejar en sus manos la designación del Secretario Ejecutivo, quien a su vez tendrá la facultad de nombrar a todos los directores de área, ejercer el presupuesto y organizar la jornada electoral, es dejar en manos de este partido y del gobierno estatal el control del árbitro de las elecciones, aunque a los consejeros los determine el INE. He ahí la gran trampa.

Por lo demás, el Código duartista está repleto de pifias. Una de éstas es que mantiene la denominación de “Instituto Electoral Veracruzano”, cuando en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se mandata para todos los órganos electorales de los estados el nombre de Organismos Públicos Locales. Un abierto desafío de esta nueva versión del “localismo empobrecedor” del duartismo-fidelismo, que quiere que Veracruz siga siendo su feudo.

Además, se mantiene en cuatro años el periodo para los ayuntamientos, con lo que se echa abajo el mito de que buscaban “ahorrar” homologando los procesos electorales locales y federal. Con esta disposición, las elecciones de alcaldes nunca serán en el mismo año que todas las demás.

Además, mientras que para crear un partido político estatal en el artículo 38 se exige 0.26 por ciento de firmas del padrón electoral, a las candidaturas independientes se les pide tres por ciento, en contravención incluso con lo que exige la ley federal para el caso de Presidente de la República (1 por ciento de la lista nominal), y para senadores y diputados (dos por ciento), lo que no contribuye en ningún sentido a que existan condiciones de equidad para competir.

Por si no bastase, el Código local pospone hasta el mes de noviembre el inicio del proceso electoral. ¿La causa? Prepararse para el análisis de la nueva distritación del estado, que está en curso. Y en especial, ganar tiempo para desahogar las impugnaciones que se presentarán contra este nuevo petardo legaloide.

Y es que al abandonar la oposición la sesión de este martes en el Congreso del Estado, se quedaron vacantes la secretaría y la vocalía de la mesa directiva, sin que su presidenta, Octavia Ortega, llamara a elegir suplentes para esas posiciones a la hora de la votación, lo que hace que la misma sea inconstitucional.

La simulación democrática en Veracruz es abominable.

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