Algo sabía el gobernador Javier Duarte de Ochoa cuando, a pesar de haber obtenido sin mayor apuro la ratificación de más de la mitad de los ayuntamientos veracruzanos a su reforma constitucional para reducir a dos años el periodo de la próxima gubernatura, no la promulgó en la Gaceta Oficial del Estado.

Porque podía haberlo hecho a pesar de los recursos de inconstitucionalidad que presentaron los partidos opositores a dicha reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenía argumentos legales –que no sociales ni políticos- para concretar la enmienda.

Pero no lo hizo. Aunque se cuidó muy bien de no publicitar esa extraña decisión, pues en las actuales condiciones, la próxima gubernatura aún es por un periodo de seis años. Para efectos legales, la Constitución de Veracruz aún no ha sido reformada, pues falta cumplir con el último requisito. Y si no se promulga ésta o cualquier otra reforma de estas características antes de octubre de este año, cuando inicie el proceso electoral estatal, el próximo gobernador será sexenal.

Sin embargo, es precisamente la ausencia de argumentos políticos lo que habría detenido, hasta ahora, la consumación jurídica de la gubernatura de dos años, al punto que ahora se habla de que sería echada para abajo y en su lugar se haría una nueva reforma constitucional para que el siguiente periodo fuera de cinco años, y de esa forma no desalinear los comicios estatales de los federales, mismo argumento –o más bien, pretexto- por el cual se legisló la reducción a dos años.

El propio “impulsor” de la primera reforma, el panista Julen Rementería, acaba de declarar que no se descarta una nueva propuesta para que la próxima gubernatura del estado sea de cinco y no de dos años.

El agudo lector se preguntará, ¿y por qué carajo no se legisló desde un principio para una gubernatura de cinco años? Pues porque las circunstancias eran diferentes. A finales del año pasado, el duartismo aún tenía un cierto margen de maniobra para impulsar su propósito de colocar en la silla a alguno de sus miembros, concretamente al entonces vocero y hoy candidato a diputado federal por Tuxpan Alberto Silva, el favorito de Javier Duarte.

Hoy todo ha cambiado. La Auditoría Superior de la Federación puso contra las cuerdas al gobierno estatal con sus denuncias por daño patrimonial al erario estatal y el Congreso de la Unión le acaba de acomodar un gancho al hígado que estaría a punto de noquear al duartismo, al exigirle a la Procuraduría General de la República que proceda contra los responsables del desfalco.

A ello habría que agregar que en Los Pinos, aunque aparentemente le dieron la venia a Javier Duarte para ir adelante con la gubernatura de dos años, nunca estuvieron convencidos de la conveniencia de esta iniciativa. Y ahora estarían en posición de revertirla, lo que modificaría los escenarios políticos rumbo a la sucesión de 2016 de una manera radical.

El duartismo está debilitado, peligrosamente ausente de todo, sin dinero, sin fuerza ni autoridad política, ya no digamos moral. Recular en una reforma constitucional a la que le apostó todo, a costa incluso de la traición a sus propios aliados, sería devastador. Un clavo ardiente en su ataúd.

Y si se llega a echar para atrás, ¿con qué cara justificarán los genuflexos diputados locales que aprobaron por consigna la gubernatura de dos años, su cambio de parecer hacia un periodo quinquenal?

¡Ah! Olvidábamos que no tienen vergüenza.

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