Antes que nada, expreso mi solidaridad profesional con la periodista Carmen Aristegui y su equipo, quienes fueron despedidos injustificadamente de MVS Radio en lo que, en los hechos, representa un acto de censura de esta empresa mediática que delinea muy claramente los tiempos que corren en México.

El retorno del Partido Revolucionario Institucional al poder presidencial en 2012, ha estado marcado por la vuelta a las viejas prácticas que toda la vida han caracterizado a los regímenes emanados de ese instituto político: centralización de las decisiones, uso patrimonialista de los recursos de la Nación, represión de la disidencia y, lo que más parece molestarles que se exhiba públicamente, una infinita corrupción.

El gobierno de Enrique Peña Nieto fue golpeado en su más íntimo equilibrio con el reportaje en el que el equipo de Carmen Aristegui dio a conocer la millonaria mansión de la esposa del presidente, Angélica Rivera, conocida como la “Casa Blanca”, construida y “vendida” por una empresa contratista de la administración federal, lo que de entrada configura un claro conflicto de interés y, si de verdad se aplicara la ley en este país, una flagrante evasión fiscal.

Este tema y el de los estudiantes normalistas de Guerrero desaparecidos desde septiembre pasado pusieron contra las cuerdas al régimen, que pasó de los vítores del “Saving Mexico” en la revista Times al desprestigio internacional.

La respuesta del sistema, como solía ser en el pasado, es el manotazo en la mesa, vía el cierre de los espacios de libertad de expresión donde se le evidencia o se le critica. Y encontró en un error de la periodista y su equipo el resquicio que necesitaba para clausurar ese foro.

Porque si bien fue un desatino que Aristegui no consultara con los directivos de MVS el uso de su marca en el lanzamiento de la plataforma MexicoLeaks, la reacción de la empresa fue absolutamente desproporcionada, buscando desde un principio crear las condiciones de ruptura con la periodista, que al parecer ha dejado de ser útil para sus intereses.

No puede soslayarse un elemento clave para entender el posible origen de la actitud de MVS y la familia Vargas: desde el pasado 6 de marzo despacha como coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República Eduardo Sánchez, quien fuera abogado, precisamente, de esa misma empresa mediática. Si hubo un ofrecimiento gubernamental a los concesionarios a través de su ex empleado para aprovechar la coyuntura y deshacerse de Aristegui, sólo lo saben ellos. Pero lo que es un hecho es que la estridencia de MVS tuvo como fin, como bien lo señaló el periodista Marco Levario Turcott, director de la revista etcétera, congraciarse con el Gobierno Federal.

Tampoco hay que llamarse sorprendidos. No es la primera vez que desde el poder se arremete contra una voz crítica de este gobierno. Lo hicieron el año pasado, exactamente en el extremo periodístico opuesto, con Pedro Ferriz de Con, quien fue cobardemente exhibido en su vida personal, lo que lo orilló a dejar su espacio radiofónico en Grupo Imagen, donde también ejercía una dura crítica contra Peña Nieto y su administración. Sólo que él no concitó el apoyo ni de sus pares ni de su audiencia en el nivel que sí lo obtuvo Aristegui (antigua colaboradora suya, para quien no quiera recordarlo), y se le dejó morir solo.

“Curiosamente”, un año después de la salida del aire de Ferriz, Grupo Imagen es una de las empresas ganadoras de la licitación para operar una de las dos nuevas cadenas de televisión abierta que habrá en México. ¿Coincidencias? En la política y los negocios, no existen.

Se alega que como empresa, MVS está en su derecho de prescindir de su personal a su conveniencia y de modificar sus lineamientos de operación y difusión informativa. Pero esto no es absolutamente cierto, porque son concesionarios, no los dueños, del espectro radiofónico que usufructúan, cuya propiedad es de la Nación. Y aunque pretendan escamotearlo, tienen un compromiso y una responsabilidad con sus audiencias y con toda la sociedad, pues se trata de un medio de comunicación, no de un puesto de pepitas.

Estamos frente a un muy grave realineamiento autoritario que busca, entre otras cosas, coartar la libertad de expresión y el derecho a la información en todo el país, conceptos que no forman parte del léxico ni de la cultura priista. En Veracruz, donde gobierna un ínclito representante del viejo régimen, nos lo han hecho saber con once periodistas asesinados en los últimos cuatro años.

Se puede estar de acuerdo o no con el periodismo que ejercen personajes como Carmen Aristegui, Pedro Ferriz o cualquier otro profesional de los medios. Como humanos, todos tenemos luces y sombras, y lo deseable es que exista pluralidad de voces y puntos de vista.

Lo que es inaceptable es que se retorne al oscurantismo, la mordaza y el silencio.

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