Dice el refrán que no hay peor ciego que aquél que no quiere ver, lo cual aplica definitivamente al caso de Veracruz.

La mañana de este martes 3 de marzo, decenas de jubilados del estado se apersonaron a las afueras de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para exigir que se les pagaran sus pensiones, mismas que les habrían tenido que depositar desde la semana pasada.

Tuvo que salir el mismo secretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac Murillo, a dar la cara ante los pensionados, la mayoría de edad avanzada, que amenazaron con quedarse por tiempo indefinido a las puertas de la dependencia, hasta que se les pagara lo que por ley es su derecho.

El funcionario firmó una minuta en la que se comprometió a efectuar el depósito de los 104 millones de pesos que faltaban para liquidar el pago de la segunda quincena de febrero. Aunque más tarde, en un comunicado, la dependencia que encabeza aseguraba que depositó en “tiempo y forma” los recursos al Instituto de Pensiones, pero que hubo un “retraso” en la dispersión de los fondos. El mismo pretexto de echarle la culpa a los bancos, cuando en la actualidad las transferencias monetarias se reflejan de manera instantánea en las cuentas. Claro, cuando dichas transferencias de verdad se llevan a cabo.

Tal situación, que se ha vuelto recurrente cada que hay que pagar los salarios de la burocracia y las pensiones de los jubilados, está a punto de causar un verdadero estallido social. Porque es de tal magnitud la crisis de liquidez del Gobierno del Estado, que nada garantiza que la siguiente quincena haya efectivo para pagar la nómina. El desaseo financiero de la administración de Javier Duarte es monumental. El riesgo de colapso es real y latente.

Pero el mandatario prefiere cerrar los ojos y negar la realidad. Mientras los pensionados tomaban la Sefiplan, Javier Duarte declaraba a los medios de comunicación que “las finanzas del estado están sanas y sólidas”. Y para justificar sus dichos, puso como ejemplo que este mismo día se entregaron 816 millones de pesos a los municipios de la entidad.

Lo que no aclaró el Gobernador es que ese dinero corresponde a las participaciones federales que se envían a los ayuntamientos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que su administración también les ha retenido en varias ocasiones a pesar de que ello constituye una ilegalidad, misma que está reflejada y destacada en los informes de fiscalización de la Cuenta Pública de 2013, tanto del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), irregularidad que también se presentó en los ejercicios de 2011 y 2012, y que seguramente volverá a surgir cuando se revise la de 2014.

Pero lo más grave es que al cuestionársele al gobernador Duarte precisamente sobre las observaciones que le hizo a su gobierno la ASF, su respuesta fue que los señalamientos que se le han hecho tienen “trasfondo político” por la cercanía de las elecciones federales.

¿Qué tiene de político-electoral que su administración haya hecho humo más de cuatro mil millones de pesos del Seguro Popular? ¿O más de dos mil millones del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal?

“La verdad es que cada que hay un proceso electoral vienen este tipo de situaciones y circunstancias, todos lo sabemos. Sin embargo, mi responsabilidad es cumplir con la legalidad y lo estamos haciendo”, dijo Duarte.

La verdad, es que se les cae el estado a pedazos.

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