Varias son las coincidencias que existen entre los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

Además de pertenecer a esa nueva generación de políticos relativamente jóvenes que ocupan posiciones de poder en México, comparten también un gran desprecio por la prensa y ánimos represores para acallar la crítica en su contra cuando les es preciso.

En ese sentido, Duarte ha enfocado más sus baterías en contra de los periodistas, que durante su mandato han vivido, como gremio, la peor época de la que se tenga memoria en este estado. Once asesinados, cuatro desaparecidos y una veintena de exiliados lo constatan.

Moreno Valle, aunque también se ha “preocupado” por intentar “secar” la crítica periodística en su entidad asfixiando económicamente a los medios que no le son afines y “cortando cabezas” –en sentido laboral– de quienes le señalan sus yerros, su principal característica ha sido la de la represión violenta contra las protestas sociales. El asesinato de un niño por parte de las fuerzas policiacas de esa entidad y ahora las agresiones contra estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a raíz de una protesta en una gira del presidente Enrique Peña Nieto, lo muestran en su faceta más oscura.

Duarte y Moreno Valle también se ufanan de que en los estados que gobiernan no pasa nada. Que la seguridad de la población está “garantizada”. El primero hasta se aventuró a declarar que en Veracruz ya sólo se roban “frutsis y pingüinos”, y su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, se atrevió a corregirle la plana al delegado de la Secretaría de Gobernación, Alberto Amador Leal, negando que haya necesidad de corregir la estrategia policiaca en el estado.

Como ha venido sucediendo en los últimos tiempos, la realidad les explota en las manos. Este jueves 12 de febrero se dio a conocer el secuestro y homicidio de un joven estudiante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla, Antonio Sebastián Préstamo Rivera, quien fue plagiado el pasado 6 de febrero en las inmediaciones de esa institución educativa en la capital poblana, y encontrado muerto en el estado de Veracruz días después. Unas versiones ubican el hallazgo del cuerpo en Misantla; otras, en Xalapa, la capital veracruzana.

Además de la tragedia que de suyo entraña la privación de la vida de un muchacho de 18 años de edad, lo que queda de manifiesto es que el supuesto “blindaje” de las fronteras entre ambos estados para la operación de bandas criminales, presumido siempre por ambos mandatarios, es ficticio.

Y no es algo que no se supiera. Cada tanto, las fiscalías de las dos entidades han dado cuenta de la captura de bandas de delincuentes que operaban en Puebla y se escondían en Veracruz, o viceversa. La porosidad de los límites territoriales entre los dos estados es del tamaño de un hoyo negro sideral. En balde los acuerdos de coordinación entre esos gobiernos. Puro gasto de saliva… y de dinero, por supuesto.

El fracaso de las estrategias de seguridad que es evidente desde hace mucho tiempo en Veracruz, comienza a pegar también en el estado de Puebla, donde ni con todas las obras faraónicas del mundo se puede sustituir una de las obligaciones esenciales de cualquier gobierno, que es brindar seguridad a los habitantes de sus territorios.

Pero Duarte está ocupado en el Carnaval de Veracruz. Y Moreno Valle, en sus aspiraciones presidenciales. Todo lo demás, puede esperar.

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