Finalmente, el régimen que encabeza Javier Duarte de Ochoa se despojó de caretas y envió al Congreso del Estado su iniciativa de reforma político-electoral, que incluye la modificación de la Constitución del Estado para que la próxima gubernatura y la LXIV Legislatura tengan una duración de solamente dos años.

Y decimos que se despojó de caretas porque inicialmente negó que fuera idea suya la reducción del periodo gubernamental, para lo cual utilizó al PAN –que se prestó al juego del duartismo convirtiéndose en un patético patiño–, que presentó hace unos meses una iniciativa en ese mismo sentido, con la cual el gobierno midió la reacción a esta pretensión, que fue en todos los casos negativa.

Actores políticos y empresariales se pronunciaron desde un principio en contra de que el próximo gobernador sea de sólo dos años, por una razón muy simple: si en seis no hacen mucho, en dos no harán nada.

Pero el objetivo no es “fortalecer la vida democrática de Veracruz”, como mentirosamente se establece en la iniciativa de marras. Ni procurar el desarrollo del estado. La meta de esta enmienda legal es, miserablemente, cubrirse las espaldas y dejar a un incondicional del actual grupo gobernante para que ninguno de sus integrantes vaya a la cárcel acusado de malversación de fondos y daño patrimonial a la Hacienda Pública de la entidad.

Porque si se hiciera una auditoría real a cada una de las dependencias del gobierno estatal, en varias habría sendos candidatos a unas “vacaciones” en el penal de Pacho Viejo, como en la Coordinación General de Comunicación Social, donde se habla de un desfalco cercano a los mil millones de pesos durante los cuatros años de esta administración.

Y ya ni hablar de las secretarías de Educación y de Finanzas, de donde hace meses salieron vergonzosamente dos cercanísimos operadores financieros del gobernador Javier Duarte, Edgar Spinoso y Gabriel Deantes, quienes ya habrían sido “perdonados” por su jefe y están prestos a volver a las andadas, uno como candidato a diputado federal por Martínez de la Torre y el otro como jefe financiero y político de la estructura electoral con la que el Gobierno del Estado se entrometerá en los comicios del año entrante.

Es en esa misma lógica pandilleril que se pretende acomodar la ley para que Javier Duarte deje –o intente dejar– un sucesor en la gubernatura, ya que lo único que le interesa es que quien venga detrás esté tanto o más involucrado que él en los malos manejos de los recursos de los veracruzanos para que no pueda proceder en su contra, pues sería como darse un balazo a sí mismo. Exactamente igual que Fidel Herrera Beltrán al hacer del mismo Duarte su “delfín” en la titularidad del Ejecutivo estatal.

Y para que no haya dudas de que lo que se busca, llanamente, es impunidad, en el mismo paquete de reformas que se enviaron a la LXIII Legislatura del Estado –que no es más que una penosa oficialía de partes del Ejecutivo, sin autoridad ni autonomía– se plantea la creación de la Fiscalía General del Estado en sustitución de la Procuraduría, con un salvedad gravísima: que “quien ejerza la función de Procurador General de Justicia del Estado al momento de la reforma, se considere designado como Fiscal General por el mismo decreto, para continuar en la función por el periodo de nueve años previsto”.

Así que el actual procurador Luis Ángel Bravo Contreras –el mismo que manda ejércitos de bots para amedrentar periodistas; el que no ha resuelto satisfactoriamente un solo caso de los asesinatos de periodistas en Veracruz; el que calla ante el saqueo del estado– se convertiría en el alfil transexenal del duartismo, en el garante de la más monstruosa impunidad de que se tenga registro en la entidad.

Los amanuenses, textoservidores y aplaudidores del duartismo ya festinan y dan por hecho que estarán dos años más pegados a la ubre presupuestal. Pero no han considerado un pequeño detalle: todavía tienen que ganar las próximas elecciones, la federal y la local.

Y sería bueno que revisaran cómo va el PRI en las últimas encuestas.

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