Este jueves se escribió una página más en la historia de injusticia e impunidad en el asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, victimada el 28 de abril de 2012 en su casa, en la ciudad de Xalapa.

La Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz ordenó la reaprehensión de Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, por su supuesta responsabilidad en el homicidio de la comunicadora, del cual había sido exonerado por esa misma instancia el 9 de agosto de 2013, cuando los magistrados, en votación dividida, resolvieron dejar en libertad al inculpado –que ya había recibido una sentencia de 38 años y nueve meses de prisión–, por falta de pruebas e incumplimiento del debido proceso, ya que su confesión le habría sido arrancada por medio de torturas.

Bajo la presión gubernamental, la familia de Regina impugnó la resolución del Poder Judicial de Veracruz, y fue el pasado 19 de junio de 2014 cuando el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo de la justicia federal resolvió regresar el expediente a la Séptima Sala del Tribunal estatal para que revisara la sentencia absolutoria, ya que los elementos a disposición de los magistrados acreditaban la responsabilidad de “El Silva” solo en el delito de robo.

En su resolutivo, los magistrados federales establecieron que la Procuraduría de Justicia del Estado no acreditó la responsabilidad del indiciado en el asesinato de Regina Martínez.

Pero esta última consideración ya no les importó a Andrés Cruz Ibarra y Martha Ramírez Trejo, togados del Poder Judicial de Veracruz que al término del plazo para dictar sentencia, resolvieron ordenar la recaptura de “El Silva” para confinarlo nuevamente en prisión y hacerlo cumplir la condena de 38 años nueve meses de la que había sido exonerado por esa misma Sala Penal poco más de un año antes.

Incluso, el magistrado ponente de la resolución que en 2013 dejó en libertad al “Silva”, Edel Álvarez Peña, esta vez no votó por su absolución, sino porque se le redujera la pena ya que, según su nueva “visión” sobre el caso, Jorge Antonio Hernández Silva sólo fue “cómplice” y no autor del asesinato de la periodista.

Hay que recordar que tras aquella sentencia, desde el gobierno estatal se desató una furiosa campaña en contra de Álvarez Peña, que incluyó el cierre de la llave de la publicidad oficial para el consorcio periodístico del que es propietario y que, entre otros, edita los diarios El Liberal del Sur en Coatzacoalcos y Crónica de Xalapa en la capital del estado.

Por lo visto la presión contra Álvarez Peña surtió efecto y se dobló. Y no sólo eso. Ésta fue su última intervención en la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, ya que “coincidentemente”, se determinó su cambio a la Tercera Sala donde, en adelante, ya no tendrá que abordar este caso si llega a presentarse una nueva impugnación.

Y en una maniobra por demás burda, descarada e indigna, su lugar en la Séptima Sala será ocupado por el magistrado Amadeo Flores Villalba, quien es hijo del ex procurador Amadeo Flores Espinosa, el mismo fiscal que integró el expediente contra “El Silva” y contra José Adrián Hernández “El Jarocho” –el otro indiciado en el crimen contra Regina del que no se sabe nada de su paradero–, y que los acusó de haber matado a la periodista para robarla.

Y ahí está, precisamente, la clave de este penoso asunto. A pesar de sus promesas de llegar a la verdad del crimen que cegó la vida de la periodista, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa está decidido a que la justicia decrete que la causa fue por un vulgar atraco cometido por supuestos conocidos de Regina Martínez, con los cuales bebía en su domicilio, y no a causa de su actividad periodística, que incluyó denuncias contra políticos del presente y el pasado por abusos de poder, corruptelas y ligas con la delincuencia organizada, las cuales están publicadas y pueden ser consultadas en la revista Proceso.

En el colmo del cinismo, el presidente del Tribunal Superior de ¿Justicia? del Estado, Alberto Sosa Hernández, afirmó que quien debió investigar la actividad periodística de Regina como móvil del crimen era la Procuraduría y no el Tribunal, al tiempo que negó que el Gobierno del Estado les haya dado “línea” para cerrar el caso bajo la hipótesis del robo: “a mí jamás me han hablado para marcar línea. Cada magistrado tiene su criterio, incluso el Gobernador ha sido respetuoso de las decisiones de este Tribunal”, dijo.

Por lo que respecta a “El Silva”,  nunca le han quitado el ojo de encima. El propio gobierno estatal lo mandó a Puebla, donde al menos hasta hace poco estaba trabajando en la central de abastos de aquella ciudad. Así que su recaptura no será ningún problema. Claro, siempre y cuando a estas alturas continúe con vida.

Este nuevo y vergonzoso capítulo del caso de Regina Martínez desnuda el nivel de podredumbre que priva en el sistema de justicia de Veracruz, que dejó ver de qué forma se puede llegar a lo más bajo del servilismo y de la falta de autonomía.

Sobre todos ellos caiga para siempre la responsabilidad por la impunidad y el encubrimiento del asesinato de Regina Martínez, que ojalá algún día pueda descansar en paz.

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