Así como sucede con la economía, una de las áreas estratégicas del país que se le están saliendo de todo control al Gobierno Federal es la seguridad.

El resurgimiento de la violencia criminal en buena parte de México ha sido evidente en las últimas semanas, y ha sido de tal intensidad, que no ha podido ser ocultada por los medios, que durante todo el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto minimizaron el tema con el propósito de dar la sensación de una acción eficaz para tratar este problema.

Así, vemos cómo ya sea en Tamaulipas o en Guerrero, en Michoacán o en el Estado de México, en Jalisco o en Veracruz, las balaceras, los secuestros, las persecuciones, los asaltos violentos, las extorsiones y los asesinatos vuelven a generalizarse, mientras que las abúlicas autoridades de los tres niveles de gobierno buscan tapar el sol con un dedo al asegurar que hay plena seguridad para la población, en un vano intento por ocultar su ineptitud o, en el peor de los casos, su colusión con los criminales.

Pero no lo logran. La percepción general de los mexicanos es que cada día crece más la inseguridad en todo el territorio nacional, tal como lo refleja la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente al primer trimestre de 2014.

De acuerdo con este ejercicio demoscópico, en términos de delincuencia, 72.4 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, lo que representa un incremento de 4.4 puntos porcentuales en comparación con el levantamiento de diciembre de 2013, cuando el resultado fue de 68 por ciento.

Asimismo, 27.6 por ciento de la población encuestada que reside en las ciudades objeto de estudio opinó que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su demarcación empeorará, 37.3 cree que seguirá igual de mal, 15.4 consideró que mejorará y 18.7 por ciento afirmó que seguiría “igual de bien”. Estos datos también revelan una disminución en la expectativa de que “mejorará” la seguridad pública, caso contrario de la opinión acerca de que la situación “seguirá igual de mal” y de que “empeorará”, en comparación con el último trimestre de 2013.

Todo lo anterior ha incidido negativamente en la forma de vida de la población; 65 por ciento manifestó que en los últimos tres meses, “por temor a sufrir algún delito” dejó de llevar consigo objetos de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito; 50.8 por ciento cambió sus rutinas cotidianas como caminar cerca de su vivienda después de las ocho de la noche; 47.6 modificó sus hábitos respecto a que salgan de sus viviendas sus hijos menores; y 30.6 por ciento cambió rutinas relativas a visitar parientes o amigos.

Y como cereza del pastel, la encuesta indica que 70.2 por ciento de los encuestados califica como poco o nada efectivo el desempeño de las policías estatales y municipales en la prevención y combate a la delincuencia.

La ENSU explica que la sensación de inseguridad y las expectativas sociales al respecto se generan por elementos como “la atestiguación de conductas delictivas y antisociales que ocurren en el entorno de la población” y añade que “el temor al delito tiene impacto en las rutinas de la población y en la percepción que se genera sobre el desempeño de la policía”.

La ENSU fue aplicada en 32 ciudades del país, 25 de éstas capitales de igual número de entidades federativas, el Distrito Federal y seis ciudades de 100 mil habitantes o más, a saber, Tijuana, León, Acapulco, Cancún, Tampico y Veracruz.

Los datos y los hechos están ahí, fríos, duros, sin necesidad de incluirles mayores calificativos. Las que se califican solas son las autoridades que, cínicas, niegan la realidad.

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