Mucho tendrá que explicar el Gobierno del Estado de Veracruz tras la presentación del informe de la misión de observación del caso Gregorio Jiménez, cuya conclusión es precisamente la que la autoridad buscó descartar desde el momento mismo que el reportero fue secuestrado: fue asesinado a causa de su labor periodística.

La misión que acudió  a las ciudades de Coatzacoalcos y Xalapa los pasados 15, 16 y 17 de febrero estuvo integrada por 16 personas, varias de éstas integrantes de cuatro organizaciones de defensa de la libertad de expresión –como las periodistas Marcela Turati y Elia Baltazar–, quienes se entrevistaron con comunicadores, familiares y amigos de Gregorio Jiménez, cuyo cuerpo fue hallado en una fosa el 11 de febrero tras seis días de búsqueda y de protestas a nivel nacional e internacional por su plagio.

Fue precisamente gracias a dicha presión mundial que el Gobierno de Veracruz permitió a este grupo de trabajo tener acceso al expediente de Gregorio Jiménez integrado por la Procuraduría de Justicia del Estado, a lo que se agregó la revisión de lo publicado por el reportero los seis meses previos a su homicidio.

El informe detalla que el secuestro y asesinato de Goyo Jiménez “no puede entenderse sin abordar el alarmante contexto de violencia en Veracruz, particularmente la zona sur de la entidad. La inacción del gobierno en materia de seguridad y justicia repercute de manera clara y decisiva en el trabajo cotidiano de los comunicadores. Estos factores explican la lista de periodistas asesinados, desaparecidos, desplazados y las muchas y constantes agresiones a la libertad de expresión en el estado”.

La misión de observación sostiene que en el expediente del crimen “existen pruebas contundentes de que fue secuestrado y asesinado por su ejercicio periodístico; sin embargo, la autoridad ministerial evade reconocer que se trata de un ataque directo a la libertad de expresión por parte de un grupo del crimen organizado que opera en la zona sur de Veracruz”.

Y se destaca un elemento muy grave, que sin embargo, fue una constante en las investigaciones de la Procuraduría estatal mientras estuvo a cargo de Amadeo Flores Espinosa: “encontramos fallas que podrían incidir a favor de las seis personas que hasta ahora han sido acusadas. Por ejemplo, faltan órdenes de cateo, pruebas y dictámenes periciales, además de la verificación de hechos y de información por parte de los investigadores”.

“En el expediente no se explica cómo descubrieron quiénes eran los responsables, cómo los ubicaron y cómo llegaron a la casa de seguridad en la que supuestamente permaneció Gregorio y a las fosas clandestinas donde encontraron su cuerpo. Las declaraciones de prácticamente todos los detenidos sólo aportan la información más básica sobre los hechos, y las autoridades no los cuestionaron, no profundizaron, no verificaron ni documentaron.

“Las acusaciones se sostienen, principalmente, con la confesión de José Luis Márquez Hernández, quien se asume como el autor material y líder de la célula que secuestró y asesinó a Gregorio. La Procuraduría está obligada a fortalecer estos indicios, de lo contrario, como ocurrió en el caso de la periodista Regina Martínez, los detenidos podrían ser liberados.”

Si el gobierno de Javier Duarte no quiere ser expuesto a un nuevo escarnio mundial por una posible liberación de los detenidos por el asesinato de Gregorio Jiménez, más le valdrá al procurador Luis Ángel Bravo Contreras sustentar las acusaciones con algo más que saliva, como acostumbraba su antecesor.

Y por lo que respecta a la situación de inseguridad que priva no sólo en el sur, sino en todo en Veracruz, no se acaba de entender qué es lo que espera el Gobernador para cesar a Arturo Bermúdez de la Secretaría de Seguridad Pública. Porque con sus omisiones, a quien defrauda es a todos los veracruzanos.

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