La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz sufre sus últimos estertores, previos a su muerte oficial, aunque muerta estuvo desde que nació.

Como señalamos en este espacio en muchas ocasiones, cuando era políticamente incorrecto y periodísticamente riesgoso hacerlo, la Comisión ha demostrado reiteradamente su inutilidad, que tiene que ver con un vicio de origen: el organismo es juez y parte, juego perverso que imposibilita su operatividad.

Porque no es creíble ni posible que defienda a los trabajadores de los medios de las agresiones del gobierno, cuando forma parte de éste último. Esa contradicción, ese “pecado original”, pervirtió desde un principio cualquier intención de apoyo al gremio periodístico, si es que alguna vez tuvo alguna.

Instituida como respuesta gubernamental tras el asesinato de nueve periodistas en el estado de Veracruz en los primeros dos años de gobierno de Javier Duarte de Ochoa, el trabajo de la Comisión siempre estuvo acotado y en buena medida supeditado a las órdenes e intereses de su principal impulsora, la en ese entonces poderosa vocera del Gobierno del Estado, Gina Domínguez Colío, quien hasta el último momento en el que estuvo en ese cargo defendió la existencia de su “máxima creación”.

Tras la salida de Domínguez Colío de la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno veracruzano, la valla de protección oficial que envolvía a la Comisión se vino abajo. Las plumas que por instrucciones de Gina Domínguez aplaudieron y alabaron a su engendro, ahora se ceban en su defenestración, hasta ahora se percatan de lo que muchos supimos y dijimos con sobrada anticipación, y piden la desaparición del organismo que antes defendieron, pues la nueva administración de esa oficina gubernamental no tiene planeado sostenerla.

El “canto del cisne” de la Comisión –sin que suene a alusión a funcionario alguno– es la presentación de los “Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las Instituciones Policiales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, documento que pretende ser una especie de “manual” para la relación entre los reporteros y la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia que tiene en sus manos la decisión de avalarlo y emitirlo, o no.

Aún  no está publicado, y el documento ya fue rechazado por los periodistas que han tenido oportunidad de revisarlo, por considerar que lo establecido en su capítulo V limita la actuación de los reporteros en las coberturas de operativos policiacos y hechos de violencia, dejando en la Secretaría de Seguridad Pública la atribución de definir los criterios para tal fin.

Otra de las críticas a estos lineamientos, concretamente a lo que se establece en el referido capítulo V, en sus artículos 27 al 34, es que no toma en cuenta la jurisprudencia que en materia de libertad de expresión ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por mucho está por delante de una especie de reglamento que ni siquiera pasa por el aval del Congreso del Estado.

Los días de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas están contados. Sólo el gobernador Duarte sabe hasta cuándo mantendrá a este Frankenstein que ningún problema le ha solucionado y muy caro nos cuesta. Pero en realidad, lo único que tendría que hacer la autoridad para mejorar su relación con el gremio periodístico es respetar su trabajo y sus derechos, consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y establecer en común acuerdo con los trabajadores de la información, no unilateralmente, los protocolos para que unos y otros puedan cumplir con su deber.

No más, no menos.

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