A pesar de que se esperaba un cambio de actitud en la relación Prensa-Gobierno de Veracruz tras la salida de Gina Domínguez de la Coordinación General de Comunicación Social, al menos de inicio, hay signos de que no se ha comprendido cuál es el problema, o de que nada va a cambiar.

Y no porque Alberto Silva Ramos no haya intentado acercarse a los medios. De hecho, apenas arribó al cargo, el nuevo vocero del gobierno estatal se embarcó en un “tour” de visitas a empresas de comunicación para “estrechar lazos”. Aunque, hay que decirlo, lo hizo con quienes no tenía necesidad real de tomarse la molestia, con puros “aliados”  de su antecesora, cuando lo que le urge es tender puentes donde éstos se rompieron.

Pero eso ni siquiera es tan importante como que, en la comunicación oficial del estado, se persista en la práctica de exhibir y criminalizar a los trabajadores de la información cuando no son gratos o cómodos para las cúpulas del poder.

Esto viene a cuento luego de que la noche del pasado sábado 22 de febrero, la Policía Municipal de Orizaba detuvo al reportero Felipe Madrigal Rodríguez, quien cubría una manifestación de comerciantes en contra de inspectores de la Dirección de Comercio del gobierno de esa ciudad, que encabeza el neopriista Juan Manuel Diez Francos, empresario metido a político conocido por su despótica forma de ejercer el poder desde la primera vez que fungió como alcalde de la Pluviosilla, y quien acostumbra usar el cargo para procurarse buenos negocios .

Madrigal fue “levantado” por la policía municipal y llevado a los separos de la corporación, donde fue brutalmente golpeado, como consta en las fotografías que fueron difundidas al día siguiente, el domingo 23, tras ser liberado previo pago de una fianza de tres mil pesos.

Precisamente el mismo día en el que en 20 ciudades del país, incluida la capital del estado de Veracruz, los periodistas marcharon exigiendo el cese de las agresiones y asesinatos contra los comunicadores, la Coordinación General de Comunicación Social difundió el boletín 1055, con información de la Procuraduría de Justicia del Estado, con el encabezado “Detención del periodista Felipe Madrigal, por agresión a autoridades de Orizaba”.

Sólo que en el cuerpo del texto del comunicado jamás se acredita que el reportero haya agredido a la autoridad. Textualmente, lo único que se señala es que “el Gobierno Municipal de Orizaba indicó que durante una manifestación de comerciantes que protestaban en contra de inspectores de comercio del Ayuntamiento, se generó una confrontación con elementos de la Policía Municipal”.

“A decir de autoridades del Ayuntamiento de Orizaba, la manifestación fue replegada cuando inconformes agredieron a servidores públicos, por lo que fueron remitidos a la Comandancia de Policía para posteriormente ser consignados ante la autoridad ministerial por ultrajes a la autoridad”.

De Felipe Madrigal solamente se indica que “al conocer los hechos, la Comisión Estatal para la Atención y Protección del Periodista (CEAPP) entabló comunicación con el reportero para ofrecer asistencia y apoyo. De igual manera, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a través de un delegado, se entrevistó con el comunicador para abrir un expediente de hechos”.

“Este domingo por la tarde, la CEDH aseguró que el reportero salió tras pagar una fianza de tres mil pesos, y la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJ) dio a conocer que inició una investigación de hechos para deslindar responsabilidades”, concluye el comunicado.

Es evidente la intención de involucrar al reportero en un hecho presuntamente delictivo para justificar no sólo su detención, que podría haber sido ilegal, sino hasta la “calentadita” que le propinaron los policías orizabeños, que sólo por ese hecho deberían ser cesados y procesados por abuso de autoridad.

A menos que la nueva política de Comunicación Social del gobierno de Javier Duarte vaya a pasar, sin escalas, del acoso, a las madrizas.

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