Este domingo 23 de febrero se realizaron una serie de manifestaciones simultáneas de periodistas en una veintena de ciudades de la República. El objetivo, protestar por la situación de abierta y total inseguridad para ejercer el oficio periodístico en México, situación que llegó a un límite macabro y ominoso con el asesinato del reportero veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz.

En las ciudades de México, Coatzacoalcos, Guadalajara, Monterrey, Xalapa y varias más, los reporteros salieron a expresar un contundente "ya basta". Aún a riesgo de su estabilidad laboral e integridad física, en el caso de los compañeros del estado de Veracruz, la entidad de la República más peligrosa para ejercer el periodismo, donde en poco más de tres años han sido silenciados a muerte diez comunicadores, crímenes casi todos impunes.

En el caso específico de Gregorio Jiménez, la presión ejercida en primera instancia por sus compañeros reporteros de la zona sur de Veracruz, a la que se sumaron organismos de protección a periodistas, de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión nacionales e internacionales, obligaron al gobierno de Javier Duarte de Ochoa a tomar medidas, que hasta ahora se reducen a la remoción de los titulares de la Procuraduría de Justicia del Estado, Amadeo Flores Espinosa, y de la Coordinación de Comunicación Social, Gina Domínguez Colío, quienes, como en situaciones similares anteriores, pretendieron desviar el móvil del homicidio hacia las rencillas personales, con tal de no aceptar que tuvo que ver su actividad profesional, para la cual no hay garantías en Veracruz.

Sin embargo, la simple sustitución de funcionarios no es suficiente. Yeso fue lo que se destacó durante las recientes protestas, que bajo el lema de "Prensa, no disparen", elevaron un manifiesto conjunto dirigido a las autoridades federales y estatales, exigiendo el cese inmediato de las agresiones contra los trabajadores de los medios.

Las peticiones puntuales son las siguientes:

1) Que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, garantice las condiciones para el ejercicio de la libre expresión en México, y que instrumente una estrategia especial para proteger la integridad física de los trabajadores de los medios de comunicación en todo el país, empezando por Veracruz.

2) A la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que amplíe y profundice las investigaciones relacionadas con el asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz, y que solicite la incompetencia del juez local para que el caso sea asumido por un juez federal.

3) Que los órganos de Estado, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, rindan cuentas de su desempeño. Han dispuesto de recursos millonarios pero la vida de cientos de periodistas sigue amenazada.

4) A la Comisión Especial para Atender Agresiones contra Periodistas del Senado de la República, le exigimos que cumpla con su responsabilidad y cite a comparecer al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y al encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, Luis Ángel Bravo, para que expliquen los avances en la investigación respecto a los asesinatos de periodistas en Veracruz.

5) Al Gobierno de Veracruz le exigimos que:
5.1 Se garantice la seguridad de los periodistas que se han manifestado en solidaridad con Gregorio Jiménez.
5.2 Cesen las presiones a los medios de Comunicación y no se utilicen los convenios publicitarios como elemento de censura ni para premiar coberturas favorables en la prensa estatal.
5.3 Se establezca un fondo que garantice pensiones para los dependientes económicos de los periodistas asesinados y se pague la educación de los menores de edad hasta el nivel superior, ya que el asesinato de periodistas se debe a la impunidad y a la falta de garantías para ejercer el periodismo.

La labor de un periodista es relatar, narrar e informar a la sociedad sobre lo que acontece en su entorno. No aspiramos ni nos toca ser protagonistas de la noticia, y cuando eso ocurre, como ahora, es que algo está mal.

Es hora de que las autoridades de todos los niveles asuman que es su deber proteger y garantizar el trabajo periodístico, pues al no hacerlo, violan el derecho a la información, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de toda la población.

Frente a las balas de los criminales, dentro y fuera del aparato del Estado, los periodistas tenemos nuestra palabra. Y estamos decididos a hacerla escuchar.

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