El presidente Enrique Peña Nieto ya logró la aprobación de las reformas que le interesaban a su régimen, particularmente la del sector energético, objetivo que se trazó desde que tomó el poder.

¿Qué sigue ahora? Por las señales que ha dado, lo que viene es el retorno del presidencialismo salvaje y autoritario, que no admite oposición alguna a sus designios, y que es capaz de sacrificar a quien sea para obtener lo que quiere o preservar sus privilegios.

Si no lo cree, pregúntele al todavía dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. No importó que por años fuera un “aIiado” del sistema. Fue avasallado en la discusión de la reforma energética, y al final, su organización excluida de la toma de decisiones dentro del nuevo esquema bajo el que operará Pemex, convertida en “empresa productiva del Estado”.

El Pacto por México, herramienta de negociación política que le permitió al gobierno el tránsito de esas reformas, ha cumplido su finalidad y puede declarársele muerto sin contratiempo. Peña Nieto ya no necesita del PRD, y con el PAN puede entenderse en otros términos, siempre que sus peticiones no vayan más allá de lo que el régimen esté dispuesto a concederle. Así que no es de extrañar el atorón que sufrirá la reforma política en los congresos estatales.

El PRI, junto con sus gobernadores y legisladores federales y locales, son tratados como simples empleados del Presidente. Se acabaron los tiempos de los señores feudales que disponían de vidas y haciendas en sus estados. El abierto centralismo del régimen peñista les quita rápidamente atribuciones y recursos, lo que en los hechos los debilita. Y ésa es la idea.

Peña Nieto es un presidente chapado a la antigua, educado en las costumbres más arcaicas del sistema priista, mismas que aprendió en el seno del grupo político al que pertenece. No hay sorpresas en su proceder.

Con las reformas consumadas, es previsible que ahora venga una etapa de endurecimiento, de cierre de espacios de expresión libre y de mano dura contra los críticos y quienes decidan manifestar inconformidad con las decisiones del régimen. Está en su naturaleza hacerlo, y ya han dado muestras claras de lo que son capaces.

La perspectiva no es halagüeña en absoluto para los ciudadanos. Habrá que pagar más impuestos, mientras los mecanismos de rendición de cuentas se hacen más opacos y la oligarquía que manda en este país se hace más rica, dilapidando ahora hasta sus recursos naturales.

¿Qué nos queda hacer? Por principio de cuentas, defender los espacios que quedan para la libertad de expresión. Y para las siguientes elecciones, pensar muy bien a quién se le va a otorgar el voto. Para no tener que lamentarnos después.

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