Tras el affaire de este fin de semana por las protestas de reporteros en la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, y con un poco más de serenidad en el ambiente, hay un detalle que vale la pena analizar, por la posible disposición de recursos públicos para tareas en las que no deberían distraerse.

Más allá de las diatribas de los amanuenses, existe un elemento que no ha sido debidamente considerado: ¿quién o quiénes se encargan de recabar y sistematizar la información que luego se envía en correos masivos a los e-mails de los periodistas en el estado?

Desde que inició la actual administración estatal, cuentas de correo con nombres chuscos como “El Fisgón Panista”, de supuestos medios como “Diario Tribuna”, o de nombres falsos como el muy reciente de “Ana Chabela Méndez”, inundan las bandejas de entrada de los reporteros veracruzanos para difundir ataques contra los “adversarios”, reales o ficticios, del régimen gobernante en el estado.

Ya habíamos tocado en este espacio este tema, en la entrega titulada “Correos apócrifos y guerra sucia”, publicada el 17 de octubre pasado. Sólo que no nos habíamos detenido en un detalle: ¿es el gobierno quien paga para que esta basura circule en las redes? ¿Podría justificarse el uso de recursos públicos para este tipo de maniobras, claramente encuadradas en una estrategia de guerra sucia contra políticos y comunicadores no gratos?

Las primeras sospechas apuntan a la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, en la que existen áreas de “contención” para reaccionar en “momentos de crisis”. ¿Y por qué precisamente ahí? Por una razón muy simple: la base de datos con los correos electrónicos de prácticamente todos los comunicadores del estado no la tienen en cualquier oficina.

Además, el trabajo de monitoreo de medios y redes sociales es bastante amplio, y la sistematización de esa información, en la que se dan el tiempo de copiar en pantalla las imágenes de las cuentas de Twitter y Facebook de sus personajes-objetivo, habla de una labor que difícilmente realizaría una sola persona en sus ratos de ocio.

Por supuesto, es complicado comprobar que se dispone de recursos públicos para tareas de hostigamiento y difamación en la Web (son unos cabrones, no unos tarados). Pero sería conveniente una investigación y un deslinde de responsabilidades. Y sobre todo, marcar un acto a prácticas tan deleznables como ésta.

No tenemos por qué mantener con dinero público, que pagamos con nuestros impuestos, a gatilleros y mercenarios cibernéticos. Con los que se venden por lentejas en sus medios, es más que suficiente.

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