Zafarranchos, golpizas, peticiones de juicio político, presunta coacción del crimen y obras paralizadas empañan la gestión de una decena de Ayuntamientos en Veracruz. Ni siquiera el Congreso local ha frenado la división de esos cabildos con apenas nueve meses de gestión. 

La semana pasada se registraron algunos de los casos más graves. En Ayahuaulco el regidor del PVEM, Edilberto Munguía, fue golpeado durante una sesión por exigir al presidente municipal priísta, Arturo Morales Rosas, información sobre los estados financieros de la administración pública.  

Por su parte, 17 de 18 agentes municipales solicitaron a los diputados aplicar un juicio político a la síndica de Tepetzintla, Martha Angélica Cristóbal Lotina, así como al regidor, José Méndez Hernández, por paralizar obras públicas al negarse a firmar documentos. 

Otro conflicto, de relevancia nacional, fue el señalamiento que hizo en agosto la alcaldesa morenista de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, de desempeñar su encargo bajo la presunta coacción del crimen organizado. La funcionaria y el resto de los ediles se acusa mutuamente de corrupción.  

Con este panorama el Congreso de Veracruz se enfrenta a dos posibles escenarios, según explican diputados de la Comisión de Gobernación: lograr un consenso entre los integrantes de los cabildos para mantener el orden en las administraciones municipales o, en su caso, dejar precedentes para la actuación de otras instancias. 

Ediles afectados ya han presentado denuncias y de existir elementos probatorios la Fiscalía General podría solicitar el desafuero de servidores públicos responsables de delitos para que estos enfrenten las acusaciones. 

Por su parte, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) también podría confirmar manejos irregulares de recursos, lo que daría pie a observaciones de daño patrimonial, así como procesos administrativos e incluso penales.  

“En su momento tenemos que evaluar lo que se está presentando de parte y parte. Desde luego emitir un acuerdo si es que se logra, sino ya tendrán que ser las instancias correspondientes”, destacó en entrevista la diputada Margarita Corro, presidenta de la comisión permanente de Gobernación. 

A su vez el secretario de dicho órgano, Paul Martínez Marie, recomendó llegar a acuerdos de paz antes de que los conflictos sigan escalando. 

SAYULA DE ALEMÁN 

El conflicto más serio hasta el momento se concentra en el ayuntamiento de Sayula de Alemán. En agosto pasado, la alcaldesa Lorena Sánchez acusó desde la Ciudad de México que estaba siendo extorsionada por la delincuencia organizada. 

La presidenta municipal de Morena incluso se ausentó de sus labores en el cabildo y los ediles demandaron a la Legislatura proceder con su destitución por ausencia injustificada. 

Semanas más tarde, a su regreso, Sánchez Vargas determinó dar de baja a diversos servidores públicos de su administración, incluyendo a la secretaria, Mirna Celia Castillo; a la contralora, Alma Leticia Patiño; al tesorero, Rafael González y a la oficial mayor, Beatriz Aguilar.  

De acuerdo con información recabada, todos ellos están identificados con el grupo de ediles que busca que la Legislatura proceda a una destitución, a efecto de presuntamente nombrar en el cargo al síndico, Bartolo Grajales. 

El regreso al puesto de trabajo de Lorena Sánchez estuvo marcado por la decisión del gobierno estatal que dispuso destinar elementos para la protección y resguardo de las instalaciones municipales y de los funcionarios que ahí despachan; en días pasados el Congreso intervino en el conflicto, aunque siguen las gestiones de la Comisión de Gobernación. 

TEPETZINTLA 

El conflicto más reciente es el del ayuntamiento de Tepetzintla, conocido apenas la semana pasada y en el que 17 agentes y subagentes municipales de igual número de comunidades llegaron hasta el Congreso local para demandar la renuncia de la síndica de ese cabildo, Martha Angélica Cristóbal Lotina, así como del regidor, José Méndez Hernández. 

Los agentes acusaron a ambos ediles de presentar "un mal comportamiento”, pues se han negado a firmar la documentación de la obra que se está llevando a cabo en el municipio bajo el argumento de que estas no se entregan a tiempo y son de mala calidad. 

“Nosotros le pedimos, los 17 agentes y subagentes, que firme bajo protesta, pero aun así dijo que no va a firmar, que le hagamos lo que queramos, pero ella no va a firmar”, criticaron. 

Cabe recordar que el pasado mes de junio, la propia síndica ya había recibido una llamada de atención e incluso firmó un acuerdo para trabajar con el alcalde, Roberto Miguel Galván, con quien comparte la militancia en Movimiento Ciudadano. 

Tepetzintla es hasta el momento el municipio con más quejas ante el Congreso de Veracruz, acumulando un total de 34 en contra de sus representantes municipales. 

AYAHUALULCO 

En este municipio, ubicado en la zona centro montañosa de la entidad, el regidor Edilberto Munguía fue golpeado el pasado 22 de septiembre durante una sesión de cabildo por exigir al presidente municipal información sobre los estados financieros.  

En este caso, el conflicto entre ambos ya había derivado antes en una minuta para que ambos trabajaran en armonía, pues dos quejas previas prendieron los focos rojos del Congreso local. 

#Video | En plena sesión de Cabildo, un grupo de personas dan golpiza al regidor único del Ayuntamiento de Ayahualulco, Veracruz, Iván Edilberto Munguía Vargas.@VialidadXalapa pic.twitter.com/fSN4UQNVAV

— e-veracruz.mx (@econsulta_ver) September 23, 2022

Las agresiones al regidor podrían incluso llegar a las instancias de procuración de justicia, al actualizarse el posible tipo penal de lesiones dolosas. Por su parte, el palacio municipal se encuentra tomado desde la semana pasada. 

Incluso el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que el presidente municipal debió de haber intervenido para evitar la golpiza del edil, requiriendo a la Fiscalía estatal actuar como corresponda. 

“Hablé con la Fiscalía, no directamente con la fiscal sino a través de la Fiscalía Anticorrupción y externé que independientemente de los demás señalamientos que haga el afectado”, aseveró el Ejecutivo. 

POZA RICA 

El alcalde morenista, Fernando Luis Remes Garza, estaría incurriendo en una serie de irregularidades que podrían derivar en la solicitud de revocación de mandato según expusieron ediles del mismo partido. 

El regidor tercero del Ayuntamiento, Daniel de Jesús Yáñez Hernández, expuso que las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo son irregulares, algunas en modalidad “secreta”, aparte de que algunos ediles no son consultados o les niegan el uso de la voz para la aprobación de los puntos y elaboración de documentos. 

“No se discute, se llega a la votación, el secretario nos niega la voz y de ahí (la sesión) se va hacia adelante”. 

De acuerdo con el regidor, en el presupuesto de este 2022 aumentó 39 millones de pesos el pago de servicios personales y la nómina de trabajadores respecto a 2021, reduciendo apoyos sociales y obra pública. Sin embargo, a partir de una intervención del Congreso desde hace 4 meses no han existido más quejas de los ediles. 

LAS VIGAS 

En este municipio la síndica, Bertha Margarita Espinoza Córdova, se pronunció en contra del presidente municipal, José de Jesús Landa Hernández, así como en contra de la tesorera y la directora de recursos humanos. 

La síndica acusó que estos actores políticos estaban ejerciendo diversos actos y omisiones que obstruyen su desempeño como servidora pública. 

Igualmente, acusó violencia política en razón de género. Del caso, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó que no hubo ningún tipo de vulneración a sus garantías. Cabe recordar que el munícipe llegó al cargo por el partido Unidad Ciudadana, pero se incorporó a Morena. 

AMATITLÁN 

José Alfredo Maldonado Sena, síndico único y el regidor, Victorico Zárate Aguirre, denunciaron a la presidenta municipal morenista, Esmeralda Clara Rodríguez, por “malas prácticas” en un oficio enviado al Congreso el 5 de agosto.  

De acuerdo con los denunciantes, incluso se actualizan los tipos penales de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, violencia política y nepotismo, al haber evidencias de que bloquea la celebración de las sesiones de cabildo. 

CHONTLA 

La síndica Arlette Trinidad Chávez denunció al presidente municipal del PRI, Néstor Enrique Sosa Peña, por violencia de género, acusando que sus funciones son bloqueadas por el edil. 

La petición de intervención del Congreso se hizo el 22 de julio, pues además se acusa que hay irregularidades en cuanto al manejo de documentación sensible del ayuntamiento. 

COATZINTLA 

Eunice García García y Enrique García Vázquez, síndica única y regidor respectivamente, denunciaron también al alcalde morenista, César Ulises García. 

En este caso, los inconformes señalan que ha incurrido en nepotismo, violencia de género, autoritarismo y violación de derechos político-electorales. 

Finalmente se acusan despidos injustificados y que hay opacidad en las licitaciones públicas, señalamientos que también serán atendidos por el Congreso. 

UXPANAPA 

En Uxpanapa, Audberto Rodríguez Reyes, regidor único, denunció irregularidades en el manejo de los recursos públicos cometidas por el alcalde Alonso Jaimes Ayala. 

En concreto, señala que los sellos y firmas oficiales se han falsificado en actas, estados financieros y presupuestos.  Cabe destacar que el alcalde llegó al cargo por el PAN, sin embargo, también se sumó a Morena.

COETZALA 

En la región central montañosa, los ciudadanos Germán Vázquez Hernández y Eduardo Martínez, presentaron en la Legislatura local una solicitud de Revocación de Mandato en contra de la síndica, Clementina Yolanda Coyohua Zepahua. 

Ahí el conflicto se da entre el alcalde, Alejandro García Hernández y la edil. El Munícipe llegó al cargo por el PT, pero también se incorporó a Morena 

En la sesión del Congreso del 22 de septiembre, se revelaron nuevos conflictos en los que también se pidió a la legislatura interceder. 

Se trata del ayuntamiento de Rafael Lucio, donde el regidor único, Miguel Gabriel Román Alba, requirió al Congreso su intervención ante “diversas irregularidades”, presuntamente cometidas por el presidente municipal, Damián Hernández Hernández. 

También llegó la solicitud de José Arturo Morales Rosas, presidente municipal de Ayahualulco, en el que manifiesta diversos hechos suscitados por Edilberto Munguía Vargas, regidor único de ese lugar, “considerados contrarios al desempeño correcto de las sesiones de cabildo”. 

PIDEN ALTO A HOSTILIDADES  

Sobre la escalada de violencia en los cabildos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se posicionó específicamente sobre la agresión al regidor de Ayahualulco. Al respecto sostuvo que es una situación “grave”. 

Dijo que, si bien es democrático que se cuestione el trabajo de los presidentes municipales y los ediles, toda crítica debe ser con respeto. 

La agresión, adelantó, quedará en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) porque fue violentada la garantía que debía tener el regidor de poder cumplir con su labor. 

“Independientemente de quién lo agredió, se está violentando esa soberanía del municipio libre; el regidor tiene ese derecho, los demás integrantes podrían no estar de acuerdo e incluso ahí mismo acusarlo, pero no avalar la agresión física. 

“Ahí el alcalde debió haber actuado en proteger la opinión que estaba externando el regidor, por eso mi preocupación; yo sí hablé con la Fiscalía Anticorrupción y externé que independientemente de las demás acusaciones, que se viera la violentación de las garantías que debe tener la sesión de cabildo”, sentenció. 

Igualmente, la diputada local Margarita Corro Mendoza, presidenta de la Comisión de Gobernación, reiteró que intervendrán, pero solo como conciliadores. 

El también integrante de la comisión, Paul Martínez Marie, calificó de “vergonzoso” que los conflictos hayan llegado a los golpes en algunos casos. 

Recordó que, en algunos casos como Ayahalulco y Poza Rica, ya se han atendido algunas quejas y al firmar una minuta, se entiende que los conflictos se habían solucionado, sin embargo, no ocurre así en todos los casos. 

Finalmente llamó a respetar la Ley Orgánica del Municipio Libre, pues ahí está delimitada claramente la función de cada servidor público. 

“El problema es que luego se toman atribuciones que no les corresponden o también en la finalidad de entorpecer el trabajo porque en ocasiones no son del mismo partido político, tratan de bloquear o entorpecer; los que pagan son los ciudadanos”, opinó.

 

ys