Jorge Winckler Ortiz sabe perfectamente que es insostenible como fiscal general del Estado de Veracruz.

Políticamente, no hay manera de que tenga viabilidad alguna en medio del maremoto morenista en la administración estatal que ahora encabeza Cuitláhuac García Jiménez. Su filiación yunista lo imposibilita para permanecer en el cargo, más allá de cualquier consideración legal.

Winckler debe estar perfectamente consciente de que su alegato sobre la “autonomía” de papel de la Fiscalía General del Estado no le va a servir de nada. Empezando porque el nuevo régimen no tiene contrapesos institucionales, razón por la cual hará lo que quiera usando a sus mayorías en los congresos federal y local.

Además, invocar dicha autonomía resulta grotesco viniendo de alguien que en lugar de como fiscal, se comportó como sicario del anterior titular del Ejecutivo, pasando por encima de la legalidad con tal de ayudarlo a consumar venganzas y aprovecharlas para impulsar la continuidad del gobierno que culminó penosamente el pasado 30 de noviembre.

Precisamente por eso, legalmente tampoco tiene posibilidad alguna de quedarse en la oficina. La procuración de justicia en Veracruz los últimos dos años fue igual de desastrosa que la del periodo duartista. Se persiguió a los enemigos políticos, se transó con los que aceptaron “mocharse” con dinero y propiedades, y se entablaron procesos judiciales deficientes y torcidos, negociando condenas a cambio de incriminaciones, ciertas o no. Todo, menos hacer justicia.

La “cama” para la caída de Jorge Winckler ya está “tendida”. Existen tres solicitudes de juicio político en su contra en el Congreso del Estado. La más reciente, presentada este lunes ni más ni menos que por el ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, quien acusa extorsiones y torturas para testificar en contra del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y de varios ex funcionarios más.

Sin duda Bermúdez no es una fuente confiable como para darle credibilidad inmediata en un alegato de esta naturaleza. Pero por lo que se sabe, presentó un expediente con supuestas pruebas de cómo la Fiscalía utilizó la coerción como método para obtener acusaciones y para “recuperar” inmuebles. Lo cual ya ha sido exhibido en otros casos como un modus operandi en el que además de Winckler, participaron decisivamente los todavía fiscales Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, y de Desaparecidos, Luis Eduardo Coronel Gamboa.

Con todas esas agravantes, y sumado a ello la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso local, si Jorge Winckler no se va por su propio pie, lo más seguro es que la aplanadora del régimen lo destituya con lujo de rudeza e incluso lo someta a proceso penal.

Pero parece que el fallido fiscal decidió jugarse su resto y quedarse hasta el final, en un desesperado intento por encubrir las irregularidades que lo involucran no solamente a él, sino al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, para quien todo indica no procederá el “perdón y olvido” del discurso lopezobradorista.

Si Jorge Winckler se hubiera comportado como un fiscal verdaderamente autónomo y respetuoso de la legalidad, la andanada en su contra sería injustificable. Un acto de autoritarismo bárbaro.

Para su desgracia, con su soberbia y falta de probidad les dio a los enemigos de su jefe todas las armas para que lo lleven al cadalso.

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