El tema de las pensiones de los trabajadores del Estado en Veracruz es, como en otras entidades y países,­ un asunto de interés público y socialmente relevante. Su atención implica abordar el tema de la obligación y responsabilidad financiera que preocupa tanto a gobiernos como a derechohabientes; pero también, el reconocerlo en la agenda pública como un tema de derechos humanos y de garantías para su protección.

A menudo escuchamos referir el asunto como si solo fuera un problema de pensionados y el director del IPE, pero no lo es. La corrección es precisa: es un problema del Estado y lo deben atender con toda responsabilidad los gobiernos correspondientes. Pero también es un tema de derechos sociales, que tienen un carácter histórico, y su estudio no puede ser parcial ni su análisis sólo técnico, porque se corre el riesgo de restringirlos o incluso suspenderlos.

La alimentación, el trabajo, la salud, la educación y la seguridad son tareas básicas del Estado. Los gobiernos de todos los niveles no solo están obligados a garantizarlos en beneficio de la sociedad, sino a otorgarlos bajo parámetros de calidad. Negar esa responsabilidad es negar la dignidad e integridad de las personas, al mismo tiempo también, es no entender la naturaleza del Estado como organización política.

En la actualidad, los ciudadanos pagan impuestos a cambio de servicios, y -con la ley en la mano- los gobiernos exigen su cumplimiento, y contemplan sanciones muy duras para asegurarse que los ciudadanos cumplan. Pero a cambio, el gobierno regresa servicios no siempre de calidad, ni a nivel de las necesidades y exigencia de la población.

En los últimos años el papel del Estado ha venido cambiando porque los gobiernos más recientes buscan el desmantelamiento del sector público, y lo que menos les importa es generar estabilidad laboral. Esa es una de las principales causas del déficit del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, y la falsa idea de que el modelo solidario de pensiones ya no es rentable, y solo se hace viable si se reducen los montos de las pensiones y jubilaciones teniendo como costo social la calidad de vida a que tiene derecho “la persona” que ha trabajado toda su vida.

El tema de las pensiones y de la jubilación no es un asunto de la buena voluntad de un gobernante que cumple a cabalidad con la tarea, es una responsabilidad de Estado que no se puede eludir como lo hizo Javier Duarte, y la legislatura anterior en julio del 2014, al abrogar la Ley Número 20 de Pensiones del Estado de Veracruz.

En aquella ocasión, el ejecutivo estatal eliminó según él y sus diputados mercenarios (le aprobaban todo lo que pedía a cambio de “chocolates”) la responsabilidad gubernamental de responder por el déficit del Instituto de pensiones al cederle la responsabilidad a los patrones, que son los titulares de los entes públicos a quien el trabajador presta su servicio.

Con esta reforma, se ubicaba al gobierno del Estado como responsable solidario de tales entes, es decir, regulaba en la ley una separación absurda, y se trataba a los entes públicos como sino dependieran económicamente de los recursos que genera el Estado.

La administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública es una atribución del Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Finanzas y Planeación. Dicha reforma fue resultado de un gobernante y de un conjunto de diputados (exceptuando los que no fueron a favor) perversos que pusieron en riesgo al Estado y su obligación de garantizar todos los servicios que presta, incluyendo claro, los de previsión social.

Hoy tenemos una ley aprobada por diputados sometidos por la compra de voluntades con el uso ilegal de recursos públicos, el entonces diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo y compañía ratificaron lo que se les impuso, actuaron como mercenarios contra los derechos de previsión social y los derechos humanos que debe proteger y garantizar el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Por el cambio de gobierno y la nueva integración de la cámara local, muchos de los afectados vieron la oportunidad de que los nuevos legisladores enmendarán el daño ocasionado por la administración de Javier Duarte, y se avocaran a realizar un estudio objetivo de la situación que atraviesa el Instituto de Pensiones, para buscar alternativas que no lesionen los derechos de los trabajadores en activo, los jubilados y pensionados, incluso se preocuparan por conocer las resoluciones del Poder Judicial Federal respecto a los artículos declarados inconstitucionales  que hoy ante la adversidad son una opción de lo que debemos empezar a cambiar.

Se puso atención por ello, en la comisión legislativa creada a exprofeso para legislar en la materia, esperando que en su toma de decisiones  se preserve el carácter no regresivo de los derechos sociales, legislar protegiendo los derechos humanos y de acuerdo a la perspectiva de un Estado de carácter social, está claro que  la comisión  es libre para buscar  legislar en otro sentido, si así se decide, pero lo haría en contra de los principios elementales que establece la Constitución Federal en su artículo primero desde el año 2011, cuando se dio la reforma en materia de derechos humanos.

Hasta ahora, en los trabajos de la comisión, han sido convocados de manera preferente los líderes sindicales con intereses comprometidos, que representan solo una parte del interés involucrado, porque si bien los sindicatos deben defender a los trabajadores, esto parece olvidarse, al desempeñar un rol, como si ellos fueran los patrones, lo que se demuestra con la promulgación de la Ley Número 20 de Pensiones.

Los sindicatos, al estar de acuerdo con el sueldo regulador, nulificar el derecho a una vivienda digna, negando los créditos hipotecarios de los propios recursos de los trabajadores, y colocando al IPE como un simple gestor de créditos hipotecarios, como se encuentra en la actual Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, pisotearon a la clase trabajadora al servicio del Estado de Veracruz.

Esta reforma no tuvo ninguna justificación, no fue una cuestión de números, fue una burla, lo que se evidencia con todos los desvíos de recursos públicos y saqueos de la administración de Javier Duarte, por eso hoy los descontentos y las voces de los jubilados, pensionados y los trabajadores en activo son válidas y legítimas.

Por los daños ocasionados a los trabajadores al servicio del Estado con la promulgación de la Ley Número 287 de Pensiones del Estado, que ponen en riesgo las pensiones y jubilaciones de calidad, inclusive de los que tienen derechos adquiridos, el Congreso del Estado debe empezar por pronunciarse para que parte de lo incautado a Javier Duarte y a los ex servidores públicos involucrados en el saqueo a Veracruz, se entregue al IPE como parte de una serie de medidas para su rescate, en lugar de estar pensando en vender su patrimonio. 

Por otro lado, elaborar un estudio serio que implicaría la consideración total del ingreso de la hacienda pública, y los gastos prioritarios de la población, en donde la alimentación, la educación, la salud, la seguridad, el trabajo y la previsión social van a sobresalir siempre.   

No se puede eludir que la defensa de la Educación pública y de la Universidad Pública implica la protección y conservación del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con la posibilidad de rediseñar la Institución para fortalecerla.